MÉXICO - Minería a un alto costo

Desde la llegada de los españoles a México, la minería se ha destacado por ser una actividad económica importante en nuestro país por la gran cantidad de minerales que yacen en el territorio mexicano. Es por esto que la inversión privada no se ha hecho esperar y numerosas empresas, nacionales o extranjeras, han hecho su mina de oro exprimiendo los recursos minerales sin importar las afectaciones ambientales, sanitarias, laborales y sociales que dejan a su paso.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se concesionaron 34,5 millones de hectáreas de suelo para explotación minera, en el de Vicente Fox 25.1 millones, en el de Felipe Calderón 34,3 y, según el segundo informe de la presidencia de Enrique Peña Nieto, en sus dos años de gobierno se han entregado 3,2 millones de hectáreas. Los títulos de concesión vigentes abarcan 25.7 millones de hectáreas, lo que equivale a 12,85% del territorio nacional, distribuidos en 25.566 concesiones.

De dichas concesiones, las más numerosas son las otorgadas a empresas canadienses entre las que destacan New Gold, Almaden Minerales y Goldcorp; aunque no podemos dejar de mencionar a las mexicanas Grupo Frisco y Grupo México, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo, y Germán Larrea, respectivamente.

A esto sumémosle el paraíso fiscal que México representa para los inversionistas gracias a la reforma hacendaria aprobada el año pasado, permitiendo que las grandes trasnacionales paguen únicamente 1,18% de los recursos que extraen del territorio mexicano.

La manera en que operan las minas ha evolucionado. Ya no son sólo cuevas y pozos profundos. Desde hace décadas viene implementándose la llamada minería a cielo abierto, técnica que consiste en remover grandes cantidades de suelo y subsuelo que será procesado con materiales altamente tóxicos como cianuro o mercurio para obtener los minerales buscados, teniendo consecuencias desastrosas no sólo en cuanto a la pérdida de la diversidad de la región, sino también por la contaminación por aire y agua provocando enfermedades entre los habitantes.

Un caso escandaloso que ejemplifica las consecuencias de esta práctica es la Minera San Xavier que operaba en el cerro de San Pedro en San Luis Potosí –con permisos otorgados por el gobierno de Vicente Fox–. Actualmente ha desaparecido del paisaje y a un alto costo: peligro de derrumbe de lo que queda de la montaña alcanzando al poblado, además de 32 millones de litros de agua contaminados con cianuro, mortal para los seres humanos y animales.

También ha sido un escándalo el desastre ocurrido en Sonora el pasado 6 de agosto, día en que se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando con esto no sólo los ríos, sino también las cosechas, el ganado y con ello la vida de los habitantes del lugar. Ante esta situación, la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue la imposición de una multa de 40 millones de pesos al Grupo Minera México –el responsable del desastre–. Larrea se vio obligado a pagar tan sólo 0.25% de sus ganancias de medio año.

A unos tres kilómetros de la central nuclear de Laguna Verde, la canadiense Goldgroup intentó instalar una mina en Caballo Blanco, Veracruz. Fue por esto que pobladores, científicos, ambientalistas se organizaron en la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) denunciando el peligro de las explosiones tan cerca de la central nuclear, además de la contaminación que conllevaría dicho proyecto. En esta ocasión, se logró echar para atrás el proyecto, aunque la minera no quita el dedo del renglón esperando otra oportunidad para volver.

Sin embargo, no todos los procesos de lucha han logrado su objetivo. En 2008, pobladores de San José del Progreso, Oaxaca se opusieron a que se otorgaran permisos a la minera Fortuna Silver Mines –que en México es conocida como Compañía Minera Cuzcatlán– para operar en su territorio. Los habitantes se organizaron y bloquearon los accesos a la mina, acciones de las que fueron desalojados de manera violenta el 6 de mayo de 2009. Los pobladores se mantuvieron organizados denunciando la complicidad de las autoridades municipales y la minera. Finalmente, el 15 de marzo de 2012, el líder de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) Bernardo Vázquez Sánchez fue asesinado por sicarios enviados por Alberto Mauro Sánchez, el entonces presidente municipal de San José del Progreso.

La historia de México está llena de conflictos laborales mineros. Desde la huelga de Real Monte en 1766, durante el virreinato de la Nueva España, pasando por la huelga de Cananea en 1906, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, que exigía, entre otras demandas, aumento salarial por la jornada de ocho horas, hasta el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos –propiedad de Germán Larrea– el 19 de febrero de 2006, ocasionando la muerte de 65 mineros.

Mejores salarios, atención médica, condiciones de seguridad en el empleo son algunas de las demandas que se han levantado en diversas luchas protagonizadas por trabajadores mineros a lo largo y ancho del país. Así pues, quienes se oponen a los daños ambientales provocados por las prácticas de los monstruos mineros no están solos en su lucha. Más aún, las demandas de ambientalistas, pobladores y mineros son dos caras de la misma moneda.

A los dueños de las grandes mineras no les preocupa arrasar con el suelo, el agua, el aire y las vidas del lugar mientras puedan llenar sus bolsillos de oro y plata. Bajo este sistema de producción anárquico, la devastación ambiental y las vejaciones laborales seguirán presentes. Sólo cuando la clase productora –los trabajadores– se apropie de las minas, las fábricas, los servicios y se planifique la producción en función de las necesidades de las mayorías se podrá acabar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales y humanos.