La aplicación de la doctrina Abbott cuenta con el apoyo de la DC, principal beneficiado histórico de los financiamientos provenientes del “cartel” industrial que controla la pesca y acuicultura en Chile, constituído entre otros por las confesionales familias Angelini, Yaconi-Santa Cruz y Del Río. Como expresión de fraternal reciprocidad, el 2012 los senadores de la Falange votaron de manera favorable la ley 20.657 que privatizaba los peces del mar chileno, con la sóla excepción de la entonces senadora Ximena Rincón.

Luego de la polémica remoción del fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, del caso Corpesca -generando una de las mayores crisis del sistema procesal penal desde su reforma en el 2000-, ésta punitiva medida amenaza con extenderse hacia otros fiscales díscolos invocando el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, modificada por la agenda corta anti-delincuencia, .

 Es por ello que la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y sus brazos políticos- la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC)-, están moviendo sus operadores políticos y abogados para implementar lo más rápido posible los siguientes pasos de la “doctrina Abbot”, consistentes en acotar, diluir y finalmente cerrar sin responsables las investigaciones sobre las patronales pesqueras acusadas de los delitos de cohecho, financiamiento ilegal de la política y fraude al fisco.

La investigación, que era liderada hasta el 16 de agosto por los fiscales Chong y Arias, había tenido el mérito de evidenciar ante la opinión pública la millonaria colusión existente entre la Asociación de Industrias pesqueras del  norte (Asipnor /Corpesca), Asociación de Industriales Pesqueros del Bio Bio (Asipes) y la Federación de Industrias Pesqueras Sur-Australes (Fipes), para comprar los “servicios” de políticos, funcionarios públicos y dirigentes  sindicales.

Esta estrategia corruptora, en la que está involucrada el conjunto de la casta política-burocrática-empresarial, culminó exitosamente el 9 de febrero del 2013, al promulgarse la ley 20.657, permitiendo que 7 clanes empresariales y compañías transnacionales japonesas, nórdicas y españolas, se apropiaran de manera corrupta, gratuita y a perpetuidad del patrimonio pesquero y acuicultor de la nación, sector que actualmente genera sobre los 6.000 millones de dólares anuales en producciones .

La aplicación de la doctrina Abbot cuenta con el apoyo del PDC, principal beneficiado histórico de los financiamientos provenientes del “cartel” industrial que controla la pesca y acuicultura en Chile, constituído entre otros por las confesionales familias Angelini, Yaconi-Santa Cruz y Del Río. Como expresión de fraternal reciprocidad, el 2012 los senadores del PDC votaron de manera favorable la ley 20.657 que privatizaba los peces del mar chileno, con la sóla excepción de la entonces senadora Ximena Rincón.

Por ello, los actuales intentos de desactivar esta bomba de tiempo colocada en el corazón del sistema político chileno, -teniendo una elección municipal ad portas y las presidenciales instalándose-, busca en lo inmediato impedir que se abran nuevos flancos de insospechados consecuencias para los conspicuos miembros de la transversal casta política-empresarial mapochina, algunos(as) de los (las) cuales han hecho evidentes muestras de apetitos presidenciales  y senatoriales.

El removido fiscal Arias había impulsado entre julio y agosto la incautación de documentación clave, tanto en el Congreso Nacional, como en las grandes pesqueras que  habían presentado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), rectificaciones tributarias de boletas emitidas entre el 2010-2015. También había oficiado en dos oportunidades  la entrega de los antecedentes que las familias pesqueras miembros de Sonapesca, habían proporcionados al SII.

Por ello pasaron a encontrase en la mira pública y de los fiscales las compañías Alimentos del Mar S.A. ( familia Izquierdo-Menéndez), Pesquera Bahía Coronel S.A.(familia Errázuriz), Pesquera Coloso S.A. (familias Lecaros-Menéndez, vinculada a la familia Izquierdo-Menéndez) , Pesquera Emdepes S.A.( Nissui Latin America, transnacional japonesa  asociada con la familia Del Rio), Pesquera Grimar ( familia Del Río) ,Pesquera Pesca Chile (propiedad de Deris S.A. de la familia Del Río), Pesquera Enapesca S.A., Pesquera Landes S.A.( Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk) , Pesquera Los Fiordos S.A. ( holding Agrosúper / Gonzalo Vial) , y Pesquera Lota Protein S.A. (Grupo Kappernaes, Noruega).

También Arias había exigido al SII  informar si la pesquera Blumar S.A.( familias Sarquis  y Yaconi-Santa Cruz), y Pesquera Orizon S.A. (Holding Copec/Familia Angelini),  habían presentado rectificaciones de boletas para el estratégico período 2009-2015.

Dos días antes de su remoción, el fiscal Arias había ordenado a la PDI incautar  documentación de la pesquera Camanchaca (Cifuentes / familia Stengel) y Los Fiordos, lo cual ocurrió.

Cabe destacar en este contexto de crispación empresarial el hecho que algunas de las familias pesqueras investigadas presentan hasta cuatro rectificaciones en el período de la tramitación parlamentaria de la ley Angelini-Longueira de privatización de la pesca chilena. A pesar de ello, el SII continúa manteniéndose  reacio a la entrega de los antecedentes tributarios sobre estas compañías a la Fiscalía Nacional.

En julio pasado, la diputada Paulina Núñez (RN) utilizando el caso de los falsos exonerados políticos, había exigido que el fiscal Abbot evaluara “si la fiscal Ximena Chong tiene o no mucho trabajo, y por eso se ha debido su lentitud en la investigación, para que si es razonable, solicitamos un cambio de fiscal en la causa”.

Luego, a principio de agosto, el jefe y subjefe de la bancada UDI, los diputados Juan Coloma y Gustavo Hasbún respectivamente, enviaron una carta a la fiscal Chong manifestándole “su absoluto rechazo” a la forma en que conducía el proceso contra el ahora desaforado senador Jaime Orpis. En ella, la acusaban “de hacer uso y abuso de la publicidad del caso para obtener una sobreexposición mediática, lo que afecta los derechos básicos de toda persona” (2) .

Luego, señalaban sibilinamente que “tenemos la justa causa para creer que de alguna forma, para nosotros desconocida, esta exposición de la señora Chong en los medios la utiliza para potenciar su carrera profesional o satisfacer un ego (sic) del que debiera  prescindir en el ejercicio justo de su profesión”.

Luego, descalifican irónicamente a Chong, señalando que “este celo investigador podríamos llamarlo de excelencia y de una agudeza y severidad sólo comparable a la Santa Inquisición, y que aplicó con Jaime (sic), no siguió el mismo patrón de conducta cuando la misma fiscal Chong tuvo que investigar a más de tres mil falsos exonerados vinculados a la Nueva Mayoría”.

Los representantes de la bancada UDI aprovecharon de exigirle al fiscal nacional un “trato justo y apegado a derecho, donde se investigue con igual celo los hechos que puedan inculpar a una persona, asimismo exculparla”. La mediática misiva finaliza con un marcado tono patronal hacia Abbott. Allí le recuerdan al fiscal nacional que “usted de oficio instruyó a su fiscal inferior (sic), para que abriera un expediente respecto del ex ministro Insulza, por conductas idénticas a las imputadas a Jaime. Aún intentamos entender la explicación dada por ese señor fiscal (sic) en cuanto a la inactividad investigativa del ministerio respecto de este señor ex ministro”. Posteriormente, aprovechando este cuestionamiento público, Sergio Rodríguez, abogado defensor de Jaime Orpis, catalogó a Chong ante la prensa como una “fiscal contumaz y obstinada”.

A pesar de encontrarse bajo una intensa presión, la fiscal Chong se apresta para volver a formular nuevos cargos contra Jaime Orpis. Por ello, las patronales pesqueras y el duopolio político urgen para una nueva aplicación del artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, modificada por la agenda corta anti-delincuencia.

Esta expectativa se basa en la resolución 1564/2016 del 16 de agosto, donde el fiscal nacional entregó la orden de instruir una investigación administrativa contra el persecutor Arias, a lo cual agregó “así como a cualquier otro fiscal del ministerio público, y proponer las sanciones administrativas pertinentes si ello fuera procedente”.

Preparando el escenario para los próximos desalojos de fiscales que no sean funcionales a la doctrina Abbot, a los dos días de saberse que los fiscales Arias y Chong indagarían la arista FIPES,-consecuencia  de las denuncias del programa Informe Especial de TVN-, el fiscal nacional asignó a cargo de la investigación sobre las empresas pesqueras de las regiones sur-australes, al inexperto fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado. Fuentes regionales han señalado que lo más probable será que Salgado se irá empantanando en las cenagosas aguas de Aysén, una región que es el feudo político de las poderosas y bien conectadas familias demócratas cristianas Walker y Del Río, profundamente ligadas a las operaciones corruptoras de Fipes.

Con posterioridad, al reemplazar Abbott al fiscal regional Arias y a su equipo-, reasignó esta vez la investigación completa sobre Asipes, -las que involucran a más de 9 parlamentarios regionales y a poderosas  compañías productoras de harina de pescado, financistas del PDC y la UDI-, al poco activo fiscal regional del Bio Bio, Julio Contardo. Este persecutor elegido es potencialmente vulnerable a las presiones, debido a su historial de sumarios por supuestas filtraciones y al haber estado involucrado en una polémica celebración en horario de trabajo al interior del ministerio público, el cual finalizó con un animado show de“odaliscas”.

Antes que el fiscal nacional Abbott decidiera traspasar al persecutor de Aysén la investigación por aportes ilegales a la política de parte de las empresas miembros de Fipes, la fiscal Chong había solicitado los datos que involucraban al diputado Iván Fuentes (PDC) y a los senadores  Horvath (ex RN)  y Walker (PDC), para incorporarlos a la carpeta sobre Corpesca, ya que existían las evidencias comunicacionales  que demostraban un accionar concertado para influenciar ilegalmente a políticos, dirigentes sociales  y parlamentarios.

Al conocer la decisión de Abbot, la fiscal Chong le habría solicitado inmediatamente que re- examinara su decisión, dada la evidente inconveniencia de trasladar la investigación sobre Corpesca hacia la fiscalía de Aysén, recalcándole la necesidad estratégica de mantener todas las causas como una sola investigación.

El escalamiento del conflicto en el ministerio público puede desembocar en nuevas acciones punitivas contra los fiscales que aún intentan seguir investigando  el financiamiento ilegal de la política. Esto profundizaría la visión social sobre la evidente pérdida de la autonomía del actual sistema procesal penal, ya que en menos de un mes, el fiscal nacional Abbot ha intervenido de manera discrecional para alterar la dirección del caso Corpesca, el cual bajo las investigaciones de fiscales como Arias y Chong habían establecido nuevos estándares para políticos imputados, en casos que avanzaban rápidamente.

Ejemplo de ello son la aplicación de medidas de prisión preventiva (Jaime Orpis), arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para la ex diputada Marta Isasi, y el ex ministro de economía, ex senador y ex candidato presidencial Pablo Longueira, accionar que ubica a Chong y a la asociación de fiscales en las antípodas de la doctrina Abbot.

Lo que la sociedad chilena está observando es una profunda lucha entre las dos almas del sistema procesal penal. Esto es parte del conflicto mayor entre una debilitada y desprestigiada casta política social y sus instituciones, y la nueva sociedad que ya ha emergido, pero aún no cuenta con el poder para imponerse.

Por su parte, las organizaciones de ciudadanos, pescadores artesanales, movimientos sociales y pueblos originarios anuncian una jornada de protesta nacional para el 7 de septiembre, donde se exigirá la anulación sin compensación de la corrupta ley Angelini-Longueira de pesca, y el castigo para los responsables y encubridores del abuso y la corrupción política-pesquera en nuestro país.

En el intertanto, Ximena Chong continuará leyendo “Kafka en la orilla”, de Haruki Murakami, uno de sus escritores favoritos.