Chile - Juan Carlos Cárdenas, Director del Centro Ecocéanos: Inquietantes señales en el panorama medioambiental
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| SOMOS SOCIEDAD | Publicado Originalmente en la edición impresa de la revista en Mayo de 2014 |
Para Juan Carlos Cárdenas Nuñez, Director del Centro Ecocéanos, no es posible enfrentar la profunda crisis socioambiental que sufre el país sin modificar tanto el modelo extractivista exportador de recursos naturales como la actual Constitución, a través de una Asamblea Constituyente.
Durante 35 años, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas ha desarrollado múltiples actividades en Chile y a nivel internacional relacionadas con la investigación, la conservación y el activismo ciudadano mediante campañas de defensa de la biodiversidad marina, promoción de los derechos de los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios.
Fue el creador y el principal investigador de la Comisión de Recursos Marinos del Comité Nacional de Defensa de la Flora y Fauna de Chile (CODEFF) y en los 90 trabajó como Coordinador de la Campaña de Ecología Oceánica de Greenpeace Latinoamérica, desde donde lideró la creación del Santuario Ballenero Austral, que prohíbe la caza de cetáceos en aguas chilenas. Con más de 30 publicaciones científicas, a sus 60 años, Cárdenas lidera el Centro Ecoceanos, que fundó en 1998. Con él, Somos tuvo la posibilidad de conversar:
- ¿Cómo definiría al gobierno de Sebastián Pîñera en materia de política medioambiental?
-Durante el gobierno de Piñera, sin un mínimo respeto a la débil institucionalidad y sus procedimientos, se produjo un nuevo asalto al aparato estatal por parte del empresariado agrícola, minero, pesquero, forestal y de acuicultura intensiva. Adecuan y debilitan las regulaciones ambientales, sanitarias y laborales, en función de maximizar sus beneficios de corto plazo. Profundizan el modelo extractivista exportador, basado en la producción de materias primas con bajo valor agregado, junto a los procesos de concentración económica, eliminando sistemáticamente a los pequeños y medianos productores.
En el Parlamento, a través de un cupular acuerdo del duopolio binominal, se privatiza, de manera gratuita y a perpetuidad, el patrimonio pesquero de la nación en beneficio de 7 familias que integran el “cartel” de la pesca en Chile. Con ello se aprovecha de invisibilizar a los pueblos originarios que viven en el borde costero, de manera de transformarlos en mano de obra barata y temporera en beneficio de la industria pesquera, de acuicultura y turismo.
Hoy sabemos, por parte del nuevo ministro de Economía, que más del 50% de las principales pesquerías del país se encuentran colapsadas y en proceso de sobreexplotación, habiendo empeorado la situación 2013-14 en relación a la que existía el 2012.
Por su parte, la industria salmonera ha comenzado una nueva crisis sanitaria y financiera, por lo que intenta, a través del recién designado presidente de SalmónChile, el ex Subsecretario de Pesca Felipe Sandoval (DC), que el Estado vuelva a realizar un salvataje de este monocultivo industrial, mediante billonarias transferencias de recursos de los contribuyentes chilenos, tal como lo hizo durante el período 2008-10 frente a la mega crisis del virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón, por sus siglas en inglés).
Con las apropiaciones de los bienes comunes, recursos naturales, territorio y patrimonio silvestre del país, Piñera buscó fortalecer aquellas familias y grupos económicos que le eran afines a sus intereses comerciales y proyectos políticos post 2014.
Una semana antes de finalizar su mandato, Piñera -al igual que lo hizo Bachelet durante su primer gobierno, en que privatizó las concesiones de salmonicultura-, firmó una ley que modificó y flexibilizó la normativa sanitaria de la industria acuícola, de manera de rebajar las faltas graves, convirtiéndolas en “faltas menores”, y posibilitar la “relocalización” de las concesiones contaminadas por parásitos, bacterias y virus hacia nuevas áreas prístinas, a la vez que se dificulta la solicitud de caducidad de las concesiones acuícolas por parte de las comunidades costeras.
En todas estas situaciones, los parlamentarios y autoridades pesqueras, sanitarias, de acuicultura y medioambientales estuvieron cautelando los intereses de las grandes compañías, financistas y sistema bancario, elaborando y modificando normativas como “trajes a la medida”, sin consulta alguna a las comunidades locales, pymes, pescadores artesanales o pueblos originarios, violando en este último caso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado chileno el 2009.
Juan Carlos Cárdenas, en Cobquecura, región del Biobío, trabajando como Coordinador de la Campaña “SOS Lobos marinos Chile”, impulsada por Ecocéanos en 2012, la que logró detener el plan de matanza gubernamental de las poblaciones de esos mamíferos en aguas chilenas.
¿Continuidad o cambio?
- Durante el gobierno de Michelle Bachelet, ¿tendremos continuidad o cambio en materia de política medioambiental?
- El primer gobierno de la presidenta Bachelet fue un gobierno eminentemente privatizador, en el que se consolidaron los procesos de concentración económica, de transnacionalización de sectores de la economía, y de exclusión de las comunidades locales y pueblos originarios.
Esto en función de profundizar la inserción del país dentro del sistema económico global, mediante la atracción de la inversión extranjera, y que ésta pueda fluir con la menor cantidad de regulaciones y controles. Fueron aprobados 126 proyectos energéticos, principalmente termoeléctricas, en especial en áreas costeras.
El segundo gobierno de Michele Bachelet va a ser un “deja vu” del primero. En este sentido, al igual que en el gobierno de Piñera, existen inquietantes señales, marcadas por los evidentes conflictos de interés en cargos claves del poco confiable sistema medioambiental chileno.
Al nombramiento de Marcelo Mena como Subsecretario de Medioambiente, habiendo sido asesor directo de empresas de energía, tal como Australis Power, involucrada en el proyecto Octopus en Concepción, se suma la designación de Cristián Franz como Superintendente de Medioambiente, quien ha realizado asesoría a grandes empresas mineras y de energía. El es actualmente socio y dueño del 40 por ciento de Grupo Alianza, empresa que asesoró a Agrosuper, Electro Austral, Collahuasi, Antofagasta Minerals y la controvertida Barrick Gold.
Como ciudadanos, vemos que en puestos claves del sistema ambiental, existen dos autoridades vinculadas a los sectores más duros del empresariado, que han tenido graves conflictos con las comunidades locales afectadas y los movimientos sociales.
A su vez, fue nombrado como Subsecretario de Pesca y Acuicultura Raúl Súnico, un desconocido diputado del Partido Socialista, cuyo principal logro fue ser un operador político para la aprobación de la controvertida ley de privatización pesquera (“Ley Longueira”), y tener vínculos como asesor de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES). En este caso se ha designado al Sr. Gato para que cuide la pescadería.
Recientemente, los pescadores artesanales de la Región del Biobío denunciaron que Súnico y el alcalde de Talcahuano estarían impulsando un sui generis proceso de reordenamiento que los obligaría a vender sus capturas a las plantas procesadoras de ASIPES, uno de los grupos favorecidos por la ley de privatización pesquera.
Y para finalizar este recuento, el nuevo ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, en su primera intervención pública lamentó que la ciudadanía haya “satanizado” a las centrales termoeléctricas, cuyos proyectos ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental cumpliendo con los requisitos formales impuestos.
Por lo señalado, como ciudadanos vemos que las empresas transnacionales y grandes inversionistas van a seguir contando con un respaldo incondicional del aparato estatal, mientras se continuarán realizando parodias de participación ciudadana.
Maquillaje verde
- ¿El programa de gobierno de Michelle Bachelet recoge las demandas del movimiento socioambiental?
- En el texto, el programa de gobierno de Bachelet aparece como formalmente sensible a las demandas socioambientales de la ciudadanía chilena, pero no tiene coherencia con el modelo económico neoliberal que busca ampliar y profundizar, teniendo para ello a personas funcionales al empresariado exportador en puestos claves del aparato estatal. Por ello, no es viable cualquier esperanza de lograr revertir la profunda crisis ambiental, energética, hídrica, sanitaria, social y de la biodiversidad que atraviesa nuestro país.
Un ejemplo brutal: Hoy, desde Temuco hasta Chiloé, las comunidades campesinas se abastecen de agua básicamente mediante camiones aljibes, agua que es comprada por la municipalidades a las empresas beneficiadas con la privatización de este vital elemento.
No será posible enfrentar la profunda crisis socioambiental que sufre el país sin modificar tanto el modelo extractivista exportador de recursos naturales como la antidemocrática constitución que nos rige, a través de una Asamblea Constituyente.
- ¿Cómo opera la institucionalidad ambiental?
-Tenemos una institucionalidad ambiental débil, de procedimientos no transparentes, que genera desconfianza en la ciudadanía y comunidades locales, tutelada por los ministerios extractivistas y productivistas a través del denominado “Consejo de la Sustentabilidad”, el que aún no logra asentarse. De hecho, uno de los puntos del programa de Bachelet es terminar de instalar la institucionalidad ambiental.
Chile sigue siendo un país muy atractivo para las mega inversiones mineras, forestales, acuícolas y agropecuarias de exportación. El sistema ha sido diseñado para proteger -mediante “certezas jurídicas”- y beneficiar a los grandes inversionistas y sector financiero. La legislación ambiental, sanitaria y laboral es tan débil que las empresas prefieren pagar las bajas multas, y continuar infraccionando, como han sido los casos de Pascua Lama, de Barrick Gold, Marine Harvest o Agrosúper.
Los empresarios tienen la posibilidad de impedir que el conflicto y la denuncia ambientales, sanitarios o laborales lleguen a los tribunales, al poder negociar con las comunidades u organizaciones demandantes. Ante la creciente judicialización de los conflictos ambientales y el aumento de la organización y movilizaciones de los ciudadanos y comunidades, las organizaciones empresariales están exigiendo que las compañías, con el apoyo del Estado, antes de presentar un mega proyecto de inversión, deban contactarse y negociar con las comunidades (o parte de ellas) que serán afectadas, para acordar compensaciones que neutralicen la resistencia social.
Esto es algo perverso, ya que apunta al clientelismo, la división de las comunidades y el desarrollo de conflictos en su interior, junto a procesos de corrupción de dirigentes. Ahí entran a operar, junto a las grandes empresas, un conjunto de ONGs, nacionales e internacionales, que dividen, financian y organizan a los sectores que son comprados con las compensaciones.
La corrupción va a ser una condición sine qua non, que se incorporará en la implementación de los mega proyectos de inversión mineros, forestales y acuícolas. Las mega empresas aparecen supliendo el rol del Estado, desarrollando de paso una cultura del clientelismo político, lo cual colocará en juego en el mediano plazo el sistema democrático.
Empoderamiento o compensaciones
- En este contexto, ¿cómo percibe van a actuar las comunidades locales?
-En un inicio, se van a generar dos situaciones. Las comunidades que tienen años de experiencia de resistencia y lucha contra los destructivos mega proyectos de inversión, y que se vienen enfrentado a diversos gobiernos, continuarán con su proceso de politización, control territorial y alianzas con el movimiento social, empoderándose en función de la defensa de sus derechos civiles. Con ello se avanza hacia un proceso de polarización y de confrontación directa, al no existir espacios democráticos de resolución de conflictos.
Los conflictos, especialmente cuando estén involucradas transnacionales y financistas internacionales, se internacionalizarán, buscando la solidaridad de ciudadanos y consumidores, como forma de balancear las asimetrías al momento de enfrentar al Estado y las compañías transnacionales.
Por otro lado, sectores de comunidades más tradicionales o sin una organización que informe y movilice, van a percibir como opción cortoplacista el ser cliente de las compañías y/o Estado, en función de negociar compensaciones a cambio de apoyar los mega proyectos.
- ¿El poder político tiene conciencia de la crisis ambiental y de los cambios culturales y políticos en la sociedad chilena?
-La casta política, no así las grandes empresas, no percibe la gravedad de lo que está ocurriendo en relación con su propia existencia en el largo plazo. Las situaciones de crisis ambiental, sanitaria, educacional y social están generando las condiciones objetivas y subjetivas para un salto político en la sociedad chilena, el que ya está precedido por el evidente cambio cultural existente.
Esto va a tener expresiones orgánicas y territoriales muy concretas y adaptadas a las realidades regionales. La sociedad se organiza a su manera, mientras continúa tomando distancia del sistema de democracia representativa.
Los temas de educación, salud y medioambiente son los que más politizan, educan y organizan a la población desde una perspectiva de autonomía del Estado, los partidos políticos y la industria, ya que afectan transversalmente a las comunidades y son temas de vida o muerte en los casos de falta de agua, alimento, salud, pérdida de espacios de vida o trabajo, y la destrucción cultural.
Los temas de educación, salud y medioambiente son los que más politizan, educan y organizan a la población desde una perspectiva de autonomía del Estado, los partidos políticos y la industria, ya que afectan transversalmente a las comunidades y son temas de vida o muerte en los casos de falta de agua, alimento, salud, pérdida de espacios de vida o trabajo, y la destrucción cultural.
Un nuevo componente
-¿Se seguirán abriendo nuevos conflictos socioambientales?
-Un reciente estudio internacional señala que existen 40 conflictos socioambientales en Chile. Al analizar la llegada de nuevos megaproyectos, especialmente en los sectores de la minería y energía, pienso que al finalizar este gobierno, éstos se van a duplicar o triplicar, pero con un componente nuevo. Los conflictos tendrán una mayor perspectiva de cambio político al ir colocando los temas de poder y gobernanza democrática en el centro de la discusión. La defensa del medioambiente, la biodiversidad acuática y terrestre y los recursos naturales dejarán de ser sectoriales, y pasarán a ser parte de la lucha por la democratización del país. 
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