Perú - El interminable conflicto minero peruano en el desierto político
Cinco hipótesis sobre
el caso Conga (Programa Democracia y Transformación Global)
Eduardo Gudynas*
Brecha, Montevideo, 13-7-2012
El conflicto desatado en Perú por el megaproyecto minero
Conga es ilustrativo de la importancia de los análisis internacionales. Allí,
en esa inversión de unos 4.500 millones de dólares presentada por sus
promotores como "la salvación" de una de las zonas más pobres del
país, se está jugando una de las más fuertes pulseadas políticas y económicas
sobre cómo entender el desarrollo en América Latina.
Conga es una propuesta de megaminería a cielo abierto de oro
y cobre en el departamento de Cajamarca. Promovida por la empresa Yanacocha
(una asociación de capitales peruanos y Newmont, una gigantesca corporación
minera), siempre estuvo envuelto en polémicas. Si bien se trata de una enorme
inversión (los empresarios aseguran que llegará a 4.800 millones de dólares), y
se espera que disparará las exportaciones, siempre fue resistido localmente.
Las razones de la oposición al proyecto son diversas. En
primer lugar se rechazan sus impactos ambientales, incluyendo la desaparición
de unas lagunas andinas que los pobladores locales consideran clave, sea para
la agricultura como para abastecer de agua potable. En las zonas andinas se
conocen esos y otros impactos ambientales ya que los han vivido a lo largo de
décadas de coexistencia con otras mineras. Tampoco creen en las promesas de una
gestión ambiental por parte de la empresa Yanacocha, debido a su comportamiento
en otros emprendimientos. Y por si fuera poco, el proyecto fue aprobado al
final del gobierno de Alan García, sumido en el descrédito ciudadano.
Como Ollanta Humala basó parte de su campaña en sostener que
antes que la explotación minera se encontraba la protección del agua, muchos
creyeron que al conquistar la presidencia el emprendimiento en Cajamarca sería
suspendido. Se equivocaron, y desde ese momento el conflicto no ha dejado de
crecer. La administración Humala abandonó su tibio progresismo inicial, y se
encaminó a una estrategia de desarrollo convencional basada en la explotación
masiva de sus recursos naturales. La promesa de "primero el agua, después
el oro" se reconvirtió en un ambiguo llamado a tener tanto el agua como el
oro, las lagunas como las inversiones.
La consecuencia inevitable fue el estallido de una protesta
ciudadana masiva en Cajamarca, incluyendo populosas manifestaciones y paros
cívicos con apoyo del propio presidente de la región. Frente a la escalada de
las protestas, Humala decidió moverse todavía más a la derecha: declaró el
estado de emergencia, militarizó la zona, y cayó en su primera crisis política
de envergadura. Renunciaron varios ministros y los grupos
"progresistas" abandonaron la administración. El que era un gobierno
en disputa entre un ala conservadora y otra progresista duró apenas 136 días, y
en diciembre de 2011 se volcó decididamente por el "orden y las
inversiones", como advirtieron analistas peruanos.
Desde ese entonces, la conflictividad en la zona no ha
decrecido, sino que sigue en aumento, y ha pasado por sucesivos paros, una
marcha nacional en defensa del agua y la vida, y diversos enfrentamientos con
varios muertos (cinco mineros sólo la semana pasada). No es una dinámica
excepcional, ya que el mismo estado de cosas se está repitiendo en Ecuador,
Bolivia, Colombia, y en menor medida en Argentina. La protesta ciudadana contra
la megaminería a cielo abierto se ha vuelto una condición generalizada en casi
toda América del Sur.
Un examen del manejo del caso Conga muestra muchas lecciones
para Uruguay. Todo indica que el gobierno peruano ha decidido aprobar el
proyecto minero a toda costa por razones tales como la enorme inversión, las
expectativas de altos precios de los minerales en los mercados internacionales,
la creciente crisis en los países industrializados, y en particular hacerlo
porque no tiene otros planes alternativos. Más o menos los mismos factores
están presentes en Uruguay alrededor del proyecto Aratirí.
El gobierno Humala buscó acallar las protestas apelando a la
ciencia. Como los estudios ambientales iniciales, realizados en Perú, eran muy
cuestionados, se apeló a expertos extranjeros. Se contrató una comisión de
españoles que realizó un llamado "peritaje". La lógica de la medida
se basa en la muy común suposición de que habrá un dictamen de "la
ciencia", objetivo y final, que permitirá cerrar todas las discusiones.
Esta es una postura que, si bien es común, olvida que eso casi nunca ocurre.
Las organizaciones ciudadanas cajamarqueñas aceptaron ese desafío y realizaron
un "peritaje" con sus propios técnicos. Como era de esperar los
resultados fueron distintos, las diferencias y sospechas se ahondaron, y
dejaron todavía más en evidencia las debilidades de las evaluaciones
ambientales estatales. No está de más de recordar que apelaciones similares a
la ciencia se han repetido en Uruguay, y con resultados similares (desde la
aprobación a transgénicos hasta el puente en la laguna Garzón).
Seguidamente, el gobierno peruano apeló a otra táctica
también común. Aceptaría la explotación minera pero le impuso un plan de
compensaciones ecológicas (enfocadas en salvaguardar parte de las lagunas en
disputa), sociales (crear 10 mil puestos de trabajo) y económicos (un fondo
social con un monto de dinero no aclarado). Se cayó en una lógica, muy común en
los gobiernos progresistas, del tipo "destruyo tu ambiente, pero te
compenso con dinero o un empleo". El resultado en Perú: la medida no tuvo
mayor eco, y el conflicto siguió creciendo.
Conga y otros casos (por ejemplo en Ecuador) muestran un
nuevo tipo de conflictos que resisten esta idea que evita anular los impactos y
que pretende compensarlos o indemnizarlos. Una vez más esa experiencia peruana
no es lejana a casos uruguayos, como por ejemplo aceptar la destrucción en la
costa oceánica a cambio de puestos de trabajo como jardineros o domésticas en
las futuras casas. Los conflictos de nuevo cuño, como el que ocurre en Perú,
evidencian que ciertos niveles de destrucción ambiental no pueden ser evaluados
en una escala económica.
De maneras similares fueron cayendo uno tras otro los
intentos de apaciguar la protesta en Cajamarca. Se ha acosado a las
organizaciones ciudadanas, se volvió a declarar el estado de emergencia, y
hasta se llevaron preso a uno de los líderes locales, golpeándolo frente a las
cámaras. Se llegó así a una situación casi límite con la pérdida de la
legitimidad política del gobierno central. Mucha gente ya no le cree a Humala,
a los partidos políticos más conocidos, ni a la empresa, ni a los técnicos
universitarios. Es un desierto político. Tampoco puede olvidarse que muchas
autoridades locales o regionales conquistaron electoralmente sus cargos desde
plataformas que prometían contener la minería, y por lo tanto están cumpliendo
con sus promesas electorales.
En este desierto político están en discusión las esencias de
las políticas de desarrollo del país: ser un país minero, o no serlo. Esa es la
cuestión. Y el gobierno Humala está desnudo de alternativas, no las ha buscado,
y como no las tiene a mano vuelve a caer en la exportación de materias primas.
Se podrá sostener que el caso uruguayo es muy distinto al de
esas comunidades andinas, que enfrentan desde hace décadas la prepotencia
minera, sus impactos sociales y ambientales, así como la complicidad
gubernamental. Pero si se mira varios casos uruguayos, una vez más se
encontrarán similitudes. Hay aquí unos cuantos problemas ambientales que
distintos gobiernos son incapaces de resolver. Se repiten una y otra vez las
denuncias sobre el uso de agroquímicos, persisten las incapacidades en el
manejo de la basura o en resolver la contaminación de arroyos, se presiona
sobre las evoluciones de impacto ambiental, y hasta hay políticos que defienden
la megaminería antes de conocer sus impactos. ¿Se está aprendiendo de la
experiencia peruana? En la izquierda, ¿se está pensando en alternativas para no
volver a ser proveedores de materias primas en la globalización?
* Sociólogo, director del Centro Latinoamericano de Ecología
Social.
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Cinco hipótesis sobre el caso Conga
Programa Democracia y Transformación Global*
Queremos compartir algunas miradas al conflicto provocado
por el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, en Cajamarca, que han
estado ausentes o poco presentes en los artículos periodísticos y analíticos
sobre el caso. Ellas se basan en nuestro trabajo de colaboración con
comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con
éstas en los últimos años.
UNO
El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de
disputa. Sin proyecto ni aparato político sólidos, en un país con poca
institucionalidad, su curso dependería de la eficacia de incidir en él de
distintos actores que al parecer buscan convencerlo de la pertinencia de sus
intereses. Da la impresión de que en este juego las negociaciones del gravamen
minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras
pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando a las empresas para
mantener sus privilegios en casos de proyectos controversiales como Conga.
DOS
En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en
juego el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población
urbana-Estado, y no sólo el futuro de este mismo proyecto.
Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la
viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país
en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años, proyectos que
contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o
impuesta por la fuerza de la organización social) con las autoridades locales
no han logrado establecerse (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande,
Quilish). Si un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales
como Conga logra concretarse amparado en el discurso de la "minería más
responsable", abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos.
Cajamarca podría terminar siendo una palanca para que avancen las otras
explotaciones pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin
precedentes en el país.
En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política del
gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en este
sentido, la declaración de estado de emergencia genera mucha preocupación. Las
acciones desarrolladas previo y durante el diálogo tenían las características
de una operación militar que buscaba controlar un territorio.
En tercer lugar, el discurso de la "minería
responsable para la inclusión social" busca restablecer la hegemonía del
modelo extractivista, que se encuentra debilitado por tanto conflicto,
violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuánto compromiso y
solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases
medias hacia la protección del ambiente y el territorio en las otras regiones
del país.
Esta dimensión geopolítica del conflicto Conga se obvia
sistemáticamente en la mayoría de los análisis del caso, incluso por autores
independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente,
para los campesinos cajamarquinos esta dimensión está muy clara (más que todo
en relación con el futuro de su región) y explica el compromiso con las
protestas, desmintiendo las viejas tesis vanguardistas de que ellos no tendrían
conciencia política y por tanto serían manipulados (como plantea la derecha) o
requerirían una dirección (como plantean sectores de izquierda).
TRES
En los conflictos mineros de los últimos años se puede
percibir un desarrollo, tanto organizativo como discursivo. Si bien es cierto
que este desarrollo no ha resultado en la consolidación de una organización
representativa que presente una agenda concertada, se puede percibir que los
reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada
vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las
relaciones y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en
estos casos que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al
modelo de desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e
irresueltos en el país. En consecuencia -al contrario de hace cinco años-, en
las protestas de hoy está presente una agenda que permitiría cambiar la
política minera en el país, si hubiera voluntad política para ello. Esta agenda
incluye políticas de ordenamiento territorial participativo, reglamentación
afianzada de la consulta (antes de dar concesiones), la definición de zonas
libres de minería, la moratoria de concesiones mineras, la planificación
estratégica del uso del agua, o la inversión en el agro como alternativa
económica.
CUATRO
Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero
grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país
que conozca mejor las implicancias de la minería "moderna", debido a
la presencia de Yanacocha, desde los noventa, en cuanto a contaminación, daños
a la salud humana, escasez de agua. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos
no saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa es de un racismo y
tutelaje escandaloso.
Uno no puede negar que en Cajamarca también existe apoyo a
Yanacocha -sostenido en las redes amplias de trabajo y el asistencialismo de
las empresas mineras-, pero a la vez es evidente que una parte mayor de la
población, después de abusos, de haber visto daños permanentes a la naturaleza
y la salud humana, y después de haber compartido tan poco de los supuestos
beneficios, está convencida de que la minería no puede ser el futuro de la
región.
Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de
comunicación, esto no implica que estén en contra de la "minería como
tal", pero sí que plantean que debe haber límites a esta actividad, que no
puede desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población
tiene el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las
protestas en Cajamarca en este sentido representan varias críticas y
posiciones, como también varias propuestas: una de ellas es el planteo de mayor
inversión estatal en la actividad agrícola.
CINCO
Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión
para el gobierno y para la actividad minera, puede ser un momento
(re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del
todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones,
colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir
un Perú más justo y democrático).
Definitivamente, la persistencia (o nueva etapa) del modelo
extractivista y las respuestas a éste, surgidas desde abajo, permiten repensar
los proyectos de transformación de la realidad peruana, y podrían favorecer el
surgimiento de nuevas formas de relación entre ellas, como redes e iniciativas
compartidas.
* Colectivo de asociaciones que trabajan con las comunidades
locales en Cajamarca. Este documento es de diciembre de 2011, tras la
declaración por primera vez del estado de emergencia en la zona (reactivado el
3 de este mes), pero por conservar actualidad Brecha reproduce fragmentos del
mismo.
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