Chile – Recuperar el mar es tarea ciudadana
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Chile – Recuperar el mar es tarea ciudadana
ECOCEANOS EN LE MONDE DIPLOMATIQUE: Recuperar el mar es tarea
ciudadana
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Por: Juan Carlos Cárdenas* y Patricio Igor Melillanca*
En las casi cuatro décadas desde qye comenzó la dictadura militar y el
gobierno de Sebastián Piñera, siete familias[1] se han beneficiado
monopólicamente de las rentas generadas por las valiosas pesquerías chilenas.
El sector evidencia un altísimo grado de concentración económica. Un
ejemplo es el Grupo Angelini, conglomerado formado por las empresas Corpesca,
South Pacific Korp y Pesquera Iquique-Guanaye, el que controla el 34% de las
cuotas de pesca industrial a nivel nacional. En sociedad con la empresa
Coloso y su filial Pesquera San José –pertenecientes a las familias Lecaros y
Menéndez-, este grupo posee a su vez el 46,6% de la cuota de jurel, mientras
domina el 75% de la captura de anchoveta en la zona limítrofe con Perú.
El Grupo Angelini y las pesqueras Camanchaca, Bío Bío y Alimar
controlan el 80% de la cuota de jurel, principal pesquería chilena, la que es
destinada a la producción de harina y aceite de pescado, y secundariamente a
enlatados, ahumado y congelado para el consumo.
En la acuicultura industrial la situación es similar, ya que 10
grandes compañías salmoneras concentran el 56% de la producción y el 57% de
los retornos económicos que genera esta millonaria industria de exportación.
Entre ellas están algunas compañías que controlan las pesquerías pelágica
(Camanchaca, Itata y Bío-Bío), junto a transnacionales Marine Harvest y
Cermaq/Mainstrean -propiedad mayoritaria del Estado noruego-, seguido por
Pesca Nova y Nippon Suissan.
Colapso y privatización
Como respuesta al actual colapso pesquero, y a tan sólo dos años de
haber finalizado la mayor crisis productiva y social provocada por las malas
prácticas sanitarias y ambientales de la industria de salmonicultura en
Chiloé, el empresariado pesquero rentista y la industria continúan impulsando
vía Parlamento, abusivos procesos de privatización de los recursos pesqueros
y del litoral costero nacional.
Ya el 2010 modificaron la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA)
para permitir la hipoteca de bienes nacionales de uso público, como las
concesiones de acuiculturas, para avalar la deuda de 2 mil millones de
dólares que mantienen las compañías salmoneras con la banca acreedora[2].
Las sucesivas reformas que se han realizado a la LGPA, así como el
presente proyecto de ley que ha sido enviado al Congreso por el gobierno
buscan consolidar la privatización del sistema pesquero mediante la
imposición del sistema de cuotas individuales de pesca de plena
transferibilidad. Para ello, los grandes conglomerados pesqueros argumentan
supuestos derechos históricos de propiedad, a la vez que intentan establecer
la plena transabilidad, tanto de las cuotas individuales de pesca como de las
concesiones de acuicultura, entregadas gratuitamente por el Estado con fines
productivos.
Esta estrategia apunta a la creación de un mercado secundario de
compra, venta y arriendo de dichas cuotas y concesiones, las que estarían
articuladas con las transacciones de acciones de estas empresas en la bolsa
de comercio, lo que daría inicio a la fase especulativa en la pesca y
acuicultura chilena. En el futuro, luego de cada crisis sanitaria, ambiental
o comercial, habrá más papeles de cuotas de pesca y concesiones acuícolas en
poder de los bancos y circulando en las bolsas de comercio que peces en el
mar.
Especulación
Al imponerse en el 2001 el sistema de cuotas individuales y transables
de pesca, eje de la estrategia privatizadora, con el nombre de fantasía de
“Límite Máximo de Captura por Armador” (LMCA), los intereses de los
conglomerados industriales, presente transversalmente en el Parlamento
chileno, argumentaron que una asignación mediante subastas públicas
expropiaba las inversiones realizadas por las empresas.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), la Asociación de
Industriales Pesqueros del Norte (Asipnor) y la Asociación de Empresarios
Pesqueros del Sur (Asipes), han establecido un amplio frente de oposición
liderado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), para bloquear la
licitación de sus cuotas pesqueras, contemplada en el proyecto de ley enviado
al Congreso a mediados de diciembre del 2011, denunciando la existencia de un
intento “expropiador” del gobierno de Sebastián Piñera, el cual amenazaríala
Constitución, los derechos de propiedad y la institucionalidad sectorial.
Los objetivos de esta campaña corporativa busca lograr la extensión a
perpetuidad del sistema de LMCA, así como el reconocimiento de los derechos
históricos de la industria sobre la totalidad de sus cuotas de pesca,
impidiendo de esta manera su licitación. A esto se une el establecimiento de
seguridades jurídicas y derechos de propiedad sólidos, que podrían ser
transados, fraccionados o arrendados.
En forma complementaria, el empresariado pesquero industrial busca la
eliminación de la categoría legal de pescador artesanal, ya que “otorga un
estatus diferente a determinados empresarios, muchos de los cuales distan de
ser pequeños pescadores, y restringe la operación de un auténtico mercado de
cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro,
adquiriéndolas a precios razonables, y que les permitan formar una base de
explotación eficiente, competitiva y con el necesarias economías de
escala”[3]. Con ello se busca transformar a los pescadores artesanales de
productores independientes, en mano de obra temporera y barata, o en
abastecedores de materia prima, integrados a la industria pesquera, acuícola,
turística y sectores del retail.
En esta estrategia, juega un papel central el ministro de Economía
Pablo Longueira, quien busca finalizar la inconclusa reforma del sector
pesquero, cuyas bases fueron establecidas durante las postrimerías de la
dictadura militar, mediantela Ley Nº18.892 de 1989 o “Ley Merino”, apellido
del Jefe dela Armada y miembro dela Junta Militar que presidió Pinochet.
Al entrar el proyecto a la Cámara de Diputados, el lobby empresarial
ya había logrado disminuir desde un 50% a 15% el porcentaje propuesto por el
gobierno de licitación de las cuotas industriales.
Una tarea ciudadana
Uno de los principales desafíos de la sociedad es la construcción de
una propuesta democrática que asegure la gobernabilidad, sustentabilidad
ambiental y justicia social en el mar chileno y áreas costeras, unida al
respeto de los derechos de género, de las comunidades costeras y puebles originarios,
así como la solidaridad con las generaciones que vendrán.
La constante disminución de las capturas marinas durante los últimos
15 años, evidencia que nos encontraríamos en el umbral, o tal vez ya haya
sido superado, de las capacidades de los ecosistemas costeros de seguir
suministrando peces, crustáceos, bivalvos o algas al ritmo extractivo
impuesto por las depredadoras y excluyentes políticas pesqueras durante las
últimas dos décadas.
A esta percepción se suma el hecho que el Estado y el Parlamento se
encuentran secuestrados por los intereses corporativos nacionales y
transnacionales existentes en los sectores de la pesca, acuicultura y
alimentación.
Por ello, sólo una radical transformación de las actuales políticas
públicas, institucionalidad y legislación pesquera -las que deberán estar
sujetas a procesos de rendición de cuentas- permitirá enfrentar los urgentes
desafíos ambientales, sanitarios, productivos y sociales del sector. Ello
sólo será posible modificando la racionalidad y las relaciones de poder sobre
las que se asienta el actual modelo extractivista de tipo “minero” que ha
sido impuesto por el empresariado rentista.
Una política pesquera moderna y democrática debe tener en el centro la
conservación y el manejo sustentable y equitativo de los recursos y
ecosistemas acuáticos, así como una asignación de estos que generen le máximo
bienestar posible a la sociedad, contribuyendo de esta manera a la
gobernabilidad, la seguridad alimentaria, la generación de empleos de calidad
y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades costeras.
Para ello se debe vincular el desarrollo pesquero y acuícola al
fortalecimiento de las comunidades costeras y de los sectores pesqueros
artesanales y de mediana escala, reconociendo el importante rol que cumplen
en el combate a la pobreza, alimentación nacional y desarrollo regional.
Es clave modificar tanto en la sociedad civil como en los espacios de
decisión política, las arraigadas visiones productivistas de corto plazo, las
que tienden a ver a los océanos y las comunidades costeras sólo como
productores de bienes, servicios proteínas y empleos.
Es necesario modificar el enfoque mediante el cual se destina
mayoritariamente las capturas pelágicas a la producción industrial de harina
y aceite de pescado para la alimentación animal industrial, salmonicultura y
de animales de compañía, en desmedro de la estabilidad de los ecosistemas
marinos, las poblaciones de peces y la seguridad alimentaria nacional.
En esta perspectiva se debe integrar al sector de pesca y acuicultura
a un a política de seguridad alimentaria y de salud pública, la que promueva
la alimentación sana y asegure el acceso masivo y a bajo precio a esta fuente
de alimento de alta calidad biológica, poseedora de altos niveles proteicos y
de valiosos ácidos grasos poliinsaturados.
Es necesario avanzar hacia un enfoque multiespecífico de las
pesquerías, basado en la incorporación del principio precautorio y el enfoque
ecosistémicos, la eficiencia energética y el uso intensivo de mano de obra,
el cual debe estar integrado a las comunidades locales. En esta perspectiva,
se debe avanzar hacia un ordenamiento del borde costero realmente
participativo e informado.
Sin embargo el aspecto clave es la recuperación y fortalecimiento del papel
del Estado en la generación de las políticas de acceso uso de los recursos,
las labores de regulación y monitoreo y el fortalecimiento de las comunidades
costeras. Esto en oposición a las actuales políticas de
externalización/privatización de las labores de control y de
“autorregulación” de la industria.
Es urgente eliminar la figura de la “pesca de investigación”, ya que
corresponde a un mecanismo corrupto que ha tenido alto impacto en la
sustentabilidad de los recursos, al ser su objetivo real el lucro y pago de
favores políticos por parte de los Subsecretarios de Pesca de turno. Unido a
esta medida, es urgente el establecimiento de vedas productivas para aquellos
recursos que se encuentran colapsados o en procesos de sobreexplotación.
_________________________
* Juan Carlos Cárdenas, Médico veterinario y Director Ejecutivo del
Centro Ecoceanos
** Patricio Igor Melillanca, Periodista, Director de Comunicaciones
del Centro Ecoceanos
[1] Familia Angelini (Corpesca/SPK-Iquique Guanaye); Familias
Lecaros-Menéndez (Coloso/Pesquera San José), socio del Grupo Angelini; Jorge
Fernández y Franciso Cifuentes (Pesquera Camanchaca); Familia Stengel
(Pesquera Bío-Bío), fusionada con Camanchaca; Familia Sarquis (Pesquera
Itata); Grupo Yaconi-Santa Cruz (Pesquera El Golfo, fusionada con Pesquera
Itata); Roberto Izquierdo (Pesquera Alimar); Familia Del Río (Pesquera Frío
Sur). A ellos se suman las transnacionales epañolas Pesca Nova (Pesca Chile)
y japonesa Nippon Suissan Kaisha (Endepes).
[2] ElMercurio 20/04/2011
[3] Cuestionable acuerdo en el sector pesquero, EditorialLa Tercera,
01/10/2011
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