Estafa climática: "Metas" no vinculantes para el clima pero normas si vinculantes en el comercio de servicios
Estafa
climática: "Metas" no vinculantes para el clima pero normas si
vinculantes en el comercio de servicios
3 de diciembre de 2015, por
Deborah James, Red Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS), djames@cepr.net
El mundo entero está pendiente
de los líderes de casi todos los países del mundo que se reúnen en París esta
semana para establecer metas de reducción de emisiones de carbono a fin de
enfrentar el cambio climático mundial.
Desafortunadamente,
representantes de 50 de los mismos gobiernos también están reunidos esta semana
en Ginebra para negociar normas vinculantes que limitarán en gran medida la
capacidad de los países para cumplir con esas metas.
La 15ª ronda de negociaciones
para establecer un "Acuerdo de Comercio de Servicios" o TISA (por su
sigla en inglés), está sesionando una vez más en Ginebra. Los miembros del TISA
son actualmente Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong,
Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelanda,
Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados
Unidos y los 28 estados miembro de la Unión Europea. ¿Cómo es que todo el
mundo sabe de las negociaciones de París, pero nada sobre las que se
desarrollan en Ginebra? Eso se debe a que las negociaciones de Ginebra ocurren
en secreto, precisamente porque los negociadores no quieren que el público sepa
qué es lo que están planeando.
El TISA está inspirado en el
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, que Naomi
Klein documentó en su libro 'Esto lo cambia todo', y que ha sido
utilizado extensamente en contra de las políticas ambientales. Sin embargo, el
objetivo del TISA es ir más allá que el AGCS porque las grandes empresas
consideran que las normas existentes "no son suficientemente
ambiciosas". Las grandes empresas de servicios financieros, logística y
tecnología, principalmente de Estados Unidos y también la UE, pretenden ampliar
el AGCS de la OMC para desarrollar un conjunto de normas de desreglamentación y
privatización que limiten el control público del funcionamiento de los servicios
a nivel nacional y mundial, dejando de lado los asuntos relativos al
medioambiente, el empleo y el desarrollo y beneficiar así a las empresas
transnacionales y su derecho a funcionar y obtener ganancias.
Afortunadamente, Wikileaks
nuevamente viene al rescate. Hoy publicaron
análisis y propuestas secretas filtradas que establecerían normas de gran
alcance que les dan a las grandes empresas derecho de acceso a los mercados y a
limitar el control público de los servicios ambientales y energéticos y el
transporte carretero en los países miembro del TISA.
El análisis de la
propuesta de “Anexo sobre servicios relacionados
con la energía" indica que el TISA les daría
"derechos" en los mercados nacionales a las empresas extranjeras de
energía. En lugar de exigir reducciones de las emisiones de carbono o promover
el acceso de los países pobres a tecnologías limpias, el anexo propuesto del TISA
en realidad limitaría la capacidad de los gobiernos (a nivel nacional, regional
o local) para establecer políticas que diferencien las fuentes de energía
contaminantes y a base de carbono, tales como el petróleo y el carbón, de las
fuentes de energía limpias y renovables, tales como la eólica y la solar. Esto
sería así de conformidad con el "principio de neutralidad
tecnológica" revelado en el análisis de Víctor Menotti sobre el capítulo
propuesto, publicado por la federación internacional de sindicatos, la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
en el día de hoy.
Visto que gran parte de las
políticas climáticas se basan hoy en día en reducir la dependencia de los
combustibles fósiles, es difícil imaginar cómo los gobiernos podrían lograr
reducir el uso de combustibles fósiles al grado que se necesita para cumplir
con las metas, si no pueden establecer diferencias entre las distintas fuentes
de energía.
Los
países en desarrollo exigen que el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas quede consagrado en cualquier
acuerdo nuevo sobre el clima; el TISA, por el contrario, soslayaría las
inquietudes de los países en desarrollo planteadas en la OMC, y no contiene las
(débiles) flexibilidades para los países en desarrollo incluidas en el AGCS de
la OMC.
De hecho, uno de los
propósitos clave del TISA parece ser "quitarle el poder político a
la gente sobre las políticas climáticas y energéticas para moldear economías
justas y sustentables a través de sus gobiernos, y transferírselo a grandes
empresas mundiales que usan el TISA para restringir la capacidad de los
gobiernos de reglamentar los mercados, las empresas y la infraestructura de la
industria de energía", afirma Menotti. Eso incluye limitar la capacidad de
los gobiernos de garantizar que la extracción de recursos naturales derive en
beneficios económicos nacionales, que en muchos países en desarrollo es una
estrategia clave para la reducción de la pobreza.
Pero no sólo la política
energética está en juego. En su análisis sobre
el capítulo propuesto sobre servicios
ambientales, Bill Waren, de Amigos de la Tierra Estados Unidos,
observa que el "espectro de reglamentaciones ambientales que el TISA
abarca y pone en riesgo parece ser amplio". El anexo indica que
se aplicaría a servicios importantes que a menudo son suministrados por el
gobierno como servicios públicos, tales como el alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas, la eliminación de desechos y el saneamiento, pero también a
otros "servicios de protección ambiental" no definidos. Las normas
del TISA sobre "Trato Nacional" también exigen que los gobiernos les
aseguren a las empresas extranjeras "condiciones de competencia" por
lo menos tan favorables como a las empresas locales. Increíblemente, ¡esto
también se aplicaría a servicios ambientales que aún no se han inventado!
En su análisis, Waren también
detalla cómo la "excepción que protege los derechos de los gobiernos a
reglamentar la prestación de servicios ambientales es en gran medida
ineficaz".
Además, las normas del TISA
sobre "acceso al mercado" limitan la capacidad gubernamental de
reglamentar la cantidad de proveedores de servicios, el valor total de los servicios
proporcionados, el formato jurídico-legal de las empresas de servicios y otros
aspectos regulatorios, y se aplicarían no sólo a los servicios energéticos y
ambientales que figuran en los anexos específicos, sino aproximadamente a otros
160 sectores de servicios, muchos de los cuales afectan significativamente al
medioambiente, entre ellos: servicios inmobiliarios; venta al por menor;
construcción; transporte aéreo, carretero y marítimo de carga y pasajeros;
suministro de electricidad, gas y agua; servicios de agricultura, caza,
silvicultura, pesca, minería, servicios públicos y otros.
El anteproyecto de anexo sobre transporte carretero revela
problemas similares a los anexos sobre transporte marítimo y aéreopublicados anteriormente. Mientras la
ciudadanía y los funcionarios electos se proponen metas ambientales y de
creación de empleo en torno a las obras de infraestructura como puentes y
carreteras, y los activistas ecologistas y sindicales hacen mucho énfasis en la
necesidad de gravar y reglamentar el transporte marítimo y aéreo para financiar
la adaptación y mitigación climática y reducir las emisiones de carbono de las
industrias del transporte, el TISA propone imponer un modelo empresarial
corporativo que favorecería el "derecho" de las empresas
transnacionales a funcionar y limitaría su reglamentación. En su análisis del borrador del capítulo,
la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por su sigla
en inglés) observa que el "impacto combinado de las disposiciones de los
documentos del TISA que se filtraron representaría una gran barrera para
cualquier Estado que quiera administrar, operar e invertir en su
infraestructura nacional, o planificar el desarrollo de la industria del
transporte y defender estándares sociales y de seguridad en su
funcionamiento".
Estos capítulos propuestos que
publicó recientemente Wikileaks también se interrelacionarían con otros
capítulos del TISA tales como los de reglamentación nacional, transparencia,
compras públicas y otros asuntos transversales. Las similitudes con el Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP) propuesto y sus potenciales impactos
negativos son evidentes, tal como se describe en detalle en un análisis
publicado el 2 de diciembre por Sierra Club, titulado A Dirty Deal: How the
Trans-Pacific Partnership Threatens our Climate [PDF].
Ambos facultarían a las
empresas de combustibles fósiles a impugnar políticas ambientales --en el caso
del TISA que se propone, con base en más de 20 motivos que se detallan en el
capítulo sobre Reglamentación Nacional. Este capítulo
restringe la capacidad gubernamental de reglamentar en materia de normas
técnicas, títulos de aptitud y prescripciones y procedimientos para la
obtención de licencias, con el fin para proscribir políticas --incluso
leyes nacionales sobre energía y medioambiente-- y cambiarlas por otras que,
entre otros requisitos, no representen "una carga innecesariamente
onerosa" y sean "objetivas" y "razonables". ¿Pero qué
significan estas palabras?
¿Representa acaso "una
carga innecesariamente onerosa" el hecho que se requiera una evaluación
ambiental antes de aprobar una licencia para un oleoducto? ¿Será acaso un
requisito "objetivo" exigir que un porcentaje específico de la
electricidad provenga de fuentes renovables? ¿Será "razonable" una
ley municipal como la que reclaman los activistas que trabajan a favor de la justicia
climática, que exija normas técnicas mejoradas para reducir la
contaminación provocada por las usinas de generación de electricidad ubicadas
cerca de barrios residenciales de comunidades de color de bajos ingresos?
La pregunta es, ¿por qué habrían
de darle nuestros gobiernos el derecho de decidir sobre estos asuntos a
empresas extranjeras, siendo que se trata claramente de decisiones que atañen a
las comunidades locales y los ciudadanos, los funcionarios electos, los
reguladores, consumidores, trabajadores y el público en general?
Estos ataques contra las
políticas nacionales en materia de medioambiente y energía podrían ocurrir
incluso antes de su adopción, cuando aún están en proceso de deliberación, a
través del capítulo del TISA que se propone sobre "Transparencia", que exigiría que los
gobiernos les brinden a las empresas extranjeras el derecho a
hacer aportes --y los mecanismos para ello-- a los anteproyectos de medidas
nacionales tales como leyes, reglamentaciones, procedimientos y decisiones
administrativas, antes de tomar una decisión final. También podría obligar a
los gobiernos a responderles a las empresas extranjeras que hicieron aportes,
en caso que no estén de acuerdo con la decisión final. Los negociadores también
están considerando la posibilidad de establecer el derecho a interponer un
recurso de apelación independiente si la empresa extranjera no está de acuerdo
con la decisión soberana final --pero cabe preguntarse, ¿independiente de
quién?
Tanto el TPP como el TISA que
se propone restringirían la capacidad de los gobiernos de usar las compras
públicas como mecanismo para promover el "compre ecológico". Eso
ocurriría a través del capítulo que disciplina las compras públicas, que en el TISA hace
referencia a los capítulos de servicios energéticos y ambientales. Según el
análisis de la Red del Tercer Mundo, las
compras públicas "representan una
gran fuente de demanda de proveedores nacionales de servicios y el hecho de
reservarlas para las empresas nacionales (o darles cualquier tipo de
preferencia) puede facilitar el desarrollo social y económico, proporcionar
empleo y oportunidades de negocio para las personas o comunidades marginadas o
desfavorecidas y actuar como una herramienta de 'redistribución de la
riqueza'". El capítulo del TISA sobre compras públicas que se
filtró liberaría al mercado todas las compras públicas realizadas mediante
licitación pública, de todas las agencias gubernamentales, y de cualquier
monto.
Por lo tanto, al igual que el
TPP, el TISA limita la capacidad de los gobiernos de establecer políticas que
favorezcan la creación de 'empleos verdes', como las que reclaman los Sindicatos por la Democracia Energética, o
que respondan al reclamo de unaTransición Justa planteado por la
Confederación Sindical Internacional (CSI) y respaldado por We Mean
Business, The B Team y siete grandes redes de la sociedad
civil como CIDSE (la Alianza Internacional de Agencias Católicas de
Desarrollo), Amigos de la Tierra Internacional, ActionAid Internacional,
Greenpeace Internacional, Christian Aid, WWF y Oxfam Internacional.
Además de las disposiciones
específicas de los acuerdos está el problema del modelo general de
globalización empresarial, que los acuerdos como el TISA que se propone
convierten en ley internacional. El libro de Naomi Klein destaca cuán poco se
ha escrito sobre "cómo el fundamentalismo de mercado, desde los primeros
momentos, ha saboteado sistemáticamente nuestras respuestas colectiva frente al
cambio climático". En un fragmento de su libro publicado por The Guardian,
Klein afirma que:
"El problema central
radicaba en que el predominio que había adquirido la lógica de mercado sobre la
vida pública en este período hizo que las respuestas más directas y obvias al
problema fueran catalogadas como herejía desde el punto de vista político.
Para empezar, ¿cómo podrían las sociedades invertir masivamente en servicios
públicos e infraestructuras sin emisiones de carbono, cuando al mismo tiempo se
estaba desmantelando sistemáticamente la esfera pública y se la vendía al mejor
postor? ¿Cómo podrían los gobiernos reglamentar, gravar y penalizar severamente
a las compañías de energías fósiles cuando todas las medidas de este tipo eran
descartadas como reliquias del comunismo de “órdenes y control”? ¿Cómo podría
haber recibido el sector de energías renovables el apoyo y la protección que
necesitaba para sustituir a las energías fósiles cuando el
"proteccionismo" era considerado una mala palabra"?
El aumento de las inversiones
en servicios públicos e infraestructura sin emisiones de carbono requerido por
las Metas de Desarrollo Sostenible que acordaron recientemente los gobiernos en
las Naciones Unidas se verá obstaculizado por la desreglamentación y la
privatización de servicios --entre ellos los servicios ambientales-- encarnadas
en el modelo del TISA.
Tampoco es muy probable que el
llamado Acuerdo sobre Bienes Ambientales que se negocia bajo los auspicios de
la OMC contribuya a las Metas de Desarrollo Sostenible, aunque su Director
General, Roberto Azevêdo, sostiene que
aportará soluciones climáticas, a pesar que incluye un montón de productos que
no tienen ningún fundamento ambiental, según la ONG Transport & Environment.
El Acuerdo sobre Bienes Ambientales que se propone no sólo aumentaría el
comercio de estos productos, sino que reduciría a cero los impuestos que pagan
las empresas por el privilegio de obtener ganancias de tal comercio. Una vez
que los miembros hayan llegado a un acuerdo sobre la lista de productos a
incluir en el Acuerdo sobre Bienes Ambientales, que pretenden finalizar a
tiempo para la inminente Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse en
Nairobi, Kenia, del 15 al 18 de diciembre de 2015, también discutirán sumar los
servicios ambientales al acuerdo.
Las protecciones y ayudas que
reclaman los países en todo el mundo para las energías renovables no figuran en
ninguno de los capítulos que se filtraron del TISA propuesto. Las restricciones
a los subsidios para energías renovables, tales como las ayudas de India a la energía
solar impugnadas con éxito por
Estados Unidos en la OMC, se mantienen hasta ahora en pie al igual que la
ausencia de disciplinas para otros subsidios similares que trasladan cientos de miles de millones de dólares [PDF]
de las arcas públicas a las industrias de combustibles fósiles (petróleo,
carbón y gas), según Oil Change International.
El TISA también comparte
similitudes con otro acuerdo que se está negociando contrario a las metas
ambientales, según unanálisis ambiental: la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por su sigla en
inglés). Los nuevos derechos para los inversionistas y empresas que se proponen
en el TISA y el TTIP, así como en el TPP, serían jurídicamente vinculantes y
exigibles, mientras que cualesquier disposiciones "ambientales" no lo
serían. Esta situación también se refleja en las negociaciones de París para
llegar a un nuevo acuerdo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), con Estados Unidos encabezando el llamado a que
las metas ambientales sean sólo voluntarias y oponiéndose a cualquier
disposición que sea vinculante con arreglo al derecho internacional.
El Experto Independiente de
las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y
equitativo, Alfred de Zayas, publicó recientemente un importante informe para la ONU que
trata de los impactos adversos de los acuerdos internacionales de comercio e
inversiones sobre el orden internacional en términos de derechos humanos, donde
reclama que estos acuerdos se sometan a evaluaciones de impacto ambiental, en la
salud y los derechos humanos. ¿No es hora de que frenemos la presión de las
grandes empresas a nuestros gobiernos para que propaguen acuerdos que dañan el
medioambiente, a la vez que restringen a los gobiernos impidiéndoles
implementar las soluciones necesarias para combatir el cambio climático y
salvar la vida en el planeta tal como la conocemos? Para poder implementar
soluciones climáticas frenemos el TISA, y también el TPP y el TTIP.
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