Fotos: Alejandro Olivares
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Desde fines septiembre, 11 habitantes de Caimanes, un poblado ubicado al interior de Los Vilos, están en huelga de hambre protestando por un gigantesco relave minero que el yacimiento Los Pelambres -el tercero más grande del mundo, del grupo Luksic- mantiene a pocos kilómetros de sus casas. A la discusión por los alcances ambientales del relave, hoy se suma una comunidad fracturada, un pueblo que se nubló frente a los millones de la minera y donde ha pasado de todo: desde peleas a quema de vehículos, caminos bloqueados, apedreos y amenazas de muerte. Caimanes está más dividido que la ANFP.
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Don Osvaldo está justo al medio de la calle, escopeta en mano, desafiando a tres muchachos que lo acaban de acusar, en su restorán, de “venderse” a minera Los Pelambres. El clásico cuento pueblerino donde la traición se enrostra a la cara y a veces se paga con sangre.

-Atrévanse ahora -grita, empuñando el rifle que su mujer, Nair Huerta, acaba de pasarle.

Los muchachos se dividen y empiezan a rodearlo lentamente, estudiando los movimientos y las intenciones de don Osvaldo. Él no se amedrenta, acomoda el arma en su hombro y jala el gatillo: no se escucha nada. Aprieta nuevamente y lo mismo. El grupo esboza una mueca de sorpresa mientras la mujer del viejo acaricia los cartuchos escondidos en uno de sus bolsillos. “La idea era no acriminarse”, explica Nair Huerta, seis años después de aquella tarde.

Como en los western donde aparece el sheriff y resuelve todo, aquella vez llegó un furgón policial a poner paños fríos. Los involucrados fueron citados a declarar y el asunto no pasó a mayores. El pueblo de Caimanes, ubicado al interior de Los Vilos, en el hermoso valle del estero Pupío, volvió a su letanía habitual. Pero no por mucho tiempo. La semilla del odio y la inquina ya estaban plantadas.

-Pelambres es el culpable de todas estas peleas –acusa Nair Huerta.

Desde que la minera de los Luksic se instaló en la zona, a principios del año 2000, el pueblo está peleado a muerte. La instalación del tranque El Mauro, ubicado a sólo 8 kilómetros de la localidad, tiene a todo el mundo con los nervios de punta. No sólo se trata del relave más grande de Latinoamérica, sino el tercero más inmenso del mundo. Un vertedero tóxico de subproductos mineros de 100 kilómetros cuadrados bloqueado por un murallón de arena de 240 metros de altura, poco menos que el Cerro San Cristóbal, que en cualquier momento, temen en el poblado, se les viene encima y los sepulta vivos, tal como sucedió después del último terremoto con una familia que vivía en un predio ubicado en Pencahue y que hace unas semanas denunció un reportaje de CNN, que por fin instaló la discusión sobre los relaves en un país minero.

Pero no todo es ecología en Caimanes. Desde que se instaló Los Pelambres, el dinero también ha echado sus raíces. Y también las peleas por él. La empresa, tal como acostumbran las grandes compañías del rubro, llegó repartiendo plata a diestra y siniestra, terminando por fracturar los lazos sociales de la centenaria comunidad.

En el pueblo, para ser honestos, ha pasado de todo: ha habido peleas, quema de vehículos, bloqueo de caminos, emboscadas, apedreo de viviendas y amenazas de muerte. Caimanes hoy está más dividido que la ANFP.

Don Osvaldo lo vivió en carne propia aquella tarde.

EL MAURO

Pedro Soto Cruz tiene sesenta años y es de los pocos habitantes de Caimanes que nació en el antiguo fundo El Mauro, lugar donde minera Los Pelambres instaló el tranque. Soto lleva 53 días sin comer, al igual que otros 10 habitantes del pueblo que comenzaron una huelga de hambre el 28 de septiembre pasado, en la sede del Colegio de Profesores de Salamanca. Una huelga que, a diferencia de la mapuche, ha pasado prácticamente inadvertida en los medios.

-No nos moveremos de aquí hasta que la empresa no erradique el tranque o nos ofrezcan una medida alternativa -asegura.

Don Pedro luce demacrado pero aún así hace un esfuerzo para recordar lo que fue su vida en el predio que ahora yace sepultado bajo 1.700 millones de toneladas de relave. Su familia, cuenta, llegó en 1880 al fundo de 17 mil hectáreas. Allí, dice, la gente se dedicaba a la agricultura y a la crianza de ganado mayor.

-Era un fundo abundante en pasto, un lugar hermoso para vivir, que en tiempos prehispánicos era una ruta de tambos. A mí me marcó mucho el contacto con la naturaleza y la vida en comunidad, todos nos auxiliábamos -rememora.

Cristián Flores, vocero de los huelguistas, también nació en el lugar. “Era como Macondo”, explica. “Vivíamos como 500 personas y era terrible tranquilo, imagínate que la primera vez que bajé a Caimanes a conocer la tele y la radio tenía 10 años. Así nos criábamos en ese tiempo. Todo era de una pureza increíble”.

El fundo en aquellos años, producto de la reforma agraria del año 65, se subdividió entre los inquilinos de la hacienda, que se agruparon en asentamientos, proceso previo para la adjudicación definitiva de la propiedad. Guido Ibacache, Secundino Ibacache y Gabriel Carvajal, tres habitantes del lugar, tomaron la representación oficial de la comunidad previa firma de un documento. La tentación, acusan los huelguistas, fue más grande.

-Estos gallos engañaron a la gente, le hicieron firmar un papel, la gente firmó y después vendieron el fundo a otro tipo -acusa María Soto, una antigua habitante de El Mauro.

Los Pelambres compró el fundo en el 2001, a la Sociedad Agrícola y Comercial Mauro Limitada. Y los inquilinos, que venían del largo proceso de reforma agraria, debieron abandonar los terrenos.

Hoy no son pocos los que catalogan la venta como una transacción ilegal por los vicios que acusan de la venta anterior. Ese mismo año la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental avisando que pasaría de 85 mil toneladas diarias de producción de cobre a 114 mil, contempladas en su nuevo plan de expansión. La magnitud del crecimiento proyectado fue tan gigantesco que la compañía desistió en su afán de construir tres tranques de relave pues no darían abasto. La edificación de un mega tranque en El Mauro comenzó a avizorarse en el horizonte. Fue el origen de la resistencia de Caimanes.

JUNTOS

En un comienzo, Caimanes se agrupó en masa contra la minera. El peligro que todos preveían era que el tranque mermara el caudal del estero Pupío y todo el pueblo se quedara sin agua. Precisamente para salvaguardar el abastecimiento nació el Comité de Defensa del Valle del Pupío. A la organización se sumó Víctor Ugarte, dueño de los Fundos Tipay y El Romero, aledaños a El Mauro.

-Don Víctor nos dijo que jamás iba a vender sus fundos a Pelambres porque poseía los derechos de agua y apoyaba a la comunidad en sus demandas -cuenta Cristián Flores.

La idea de la empresa era cerrar el valle en un punto denominado “La estrechez de El Mauro”, anegando de relave la gran mayoría de las vertientes que surgían en el sector. Como paliativo, Pelambres propuso la construcción de un “tranque de cola” que alimentaría una serie de canales que aseguraría, según ellos, el suministro de agua a la comunidad. En rigor, la empresa ofrecía reemplazar un acuífero renovable, el más grande de la IV región, de aproximadamente 10 millones de mts/3 por uno de 600 mil. Algo similar a cambiar una piscina olímpica por una inflable comprada en el Lider.

La idea fue duramente criticada por los habitantes de Caimanes, que comenzaron una seguidilla de protestas. La empresa hizo caso omiso de las demandas, comenzó las faenas de sondaje, quemó el último bosque de canelos del planeta que se encontraba en el predio y removió 500 petroglifos de origen incaico, diaguita y molle de 2 mil años de antigüedad. La sociedad arqueológica de Chile catalogó la maniobra como “la mayor intervención patrimonial de la historia actual del país”.

-Nunca se entregó el informe final, ni se hizo la publicación científica correspondiente, que es algo absolutamente inédito, además, cuando sacas una obra rupestre de este tipo, la descontextualizas, lo que impide estudiarla. En resumen fue una pérdida total -asegura el arqueoastrónomo Patricio Bustamante que trabajó para Pelambres en el 2004.

Aburridos de tanto ninguneo, el pueblo de Caimanes presentó un recurso de reclamación contra la Dirección General de Aguas -que había aprobado el proyecto- en la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2005.

-Fuimos en patota a Santiago, organizamos beneficios para juntar plata para el pasaje, todo salió de nuestros bolsillos -recuerda Magaly Galarce.

El 3 de noviembre del año siguiente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió por unanimidad el recurso, argumentando que “el proyecto es claramente lesivo y perjudicial para los reclamantes” y prohibió la construcción del tranque. A pesar de la claridad del fallo, no se pudieron paralizar las obras de construcción, porque la Corte remitió a los demandantes a la Dirección de Aguas. La DGA se negó a acatar la resolución y junto a la minera interpuso un recurso de casación ante la Suprema para anular el fallo. Una alianza inédita entre una entidad gubernamental fiscalizadora y un ente privado acusado de vulnerar los derechos de agua de una comunidad.

-Cuando nos enteramos que ellos seguían construyendo el tranque, pasando a llevar la institucionalidad, nuestros abogados van y les preguntan por qué no respetan el fallo y ellos dicen que, para respetarlo, la comunidad tenía que dejar una póliza de garantía de 400 millones de pesos. No pudimos, ¿de dónde?, si somos organizaciones de campo -cuenta Magaly Galarce, antigua dirigente de los canalistas de Caimanes.

Tres semanas después del fallo, el entonces ministro del Interior Belisario Velasco recibió en La Moneda a Jean Paul Luksic, presidente del grupo Antofagasta PLC, obviando las decenas de cartas enviadas por la comunidad solicitando una reunión con el gobierno. En la ocasión el vicepresidente de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Francisco Veloso, señaló que veía “con preocupación cómo el presente litigio se enmarca dentro de una estrategia legal de judicialización, que no sólo busca la paralización del tranque de relave, sino que cuestiona toda la actividad minera en el país”.

En marzo de 2008 -año en que la empresa registró una utilidad anual de 2.750 millones de dólares- comenzaron los alegatos en la Suprema, que se prolongaron durante seis semanas y que concluyeron con una citación de las partes a una audiencia de avenimiento en mayo del mismo año. En la audiencia, Víctor Ugarte, propietario de dos fundos aledaños a El Mauro, y cinco organizaciones sociales de la comunidad, llegaron a un acuerdo con Los Pelambres, desistiendo de las seis demandas entabladas contra la compañía. Ugarte no sólo traspasó sus fundos, sino también el 80% de los derechos de agua del valle del Pupío, recibiendo a cambio 23 millones de dólares. Las organizaciones comunitarias, en tanto, obtuvieron una compensación económica de 40 mil dólares cada una. Los resquemores entre dirigentes y representados se agudizaron.

-Los dirigentes no tuvieron la aprobación de los asambleístas para desistirse de las demandas y de un momento a otro aparecieron diciendo que era la única opción que tenían y, además, repartieron la plata entre sus familiares -denuncia Cristián Flores.

En el pueblo quedó, literalmente, la cagá. Pero lo peor estaba por venir. Víctor Ugarte, a quien acusan de elevar el precio de sus terrenos enarbolando la bandera medioambiental, decidió repartir parte de su dinero entre los habitantes del pueblo. La suma bordearía los 2 mil doscientos millones de pesos. La noticia se diseminó rápidamente en Caimanes. Todo el mundo quería quedar en la lista de beneficiados. Pero apenas se supo que sólo 117 personas recibirían parte del dinero, la decepción fue total. “Cómo iban a recibir sólo algunos, es una injusticia, si la mayoría del pueblo se movilizó para luchar por el tema de las aguas”, fue el reclamo unánime.

El 10 de septiembre del 2008, un día antes que los “afortunados” hicieran efectivo el cobro de la donación, un grupo vecinos del pueblo, agrupados en un nuevo referente denominado Comité de Defensa Personal de Caimanes, encabezado por Cristián Flores, presentó una medida precautoria en tribunales que le permitió retener el dinero de todos los beneficiados.

Caimanes, desde entonces, se transformó en una verdadera olla a presión.

BANDERAS NEGRAS Y PELAMBRINOS

Mireya Ardiles conversaba con una vecina cuando alguien le avisó que sus hijos estaban agarrándose a combos. La mujer, algo entradita en carnes, acudió lo más pronto que pudo a su casa y comprobó que sus retoños, Claudio y Ángelo, estaban “dele que suene” en el living del hogar.

-Fue terrible verlos pelear, sacándose en cara sus diferencias, y el Ángelo acusando a su hermano de que era espía de Pelambres -relata la mujer.

A tal punto llegó la gresca que Claudio Herrera, el mayor de los hermanos, se fue de la casa y no volvió a hablar con su madre durante un buen tiempo. Claudio trabaja en Pelambres y, además, figura como presidente de la junta de vecinos número 5, organización nacida -acusan en el pueblo- al alero de la minera para hacer frente a la única junta que existía y que encabezaba su madre, Mireya Ardiles. La agrupación social liderada por Herrera ha sido la gran canalizadora de los proyectos de la minera que sólo pueden recibir aquellos que estaban inscritos en ella. Desde entonces, gran parte de los vecinos se cambió de organización. La necesidad, dicen, tiene cara de hereje.

-Han hecho proyectos de mejoramiento de viviendas, programas apícolas, de sembrados. Lo último que hicieron fue un curso de hornos solares pero sólo para los que están en la junta. En el fondo es como una compra de conciencias, y desgraciadamente la gente a veces se presta para eso -detalla María Vilches, presidenta del comité de aguas de Caimanes.

Ante la nula fiscalización de la empresa, muchos caimaninos han aprovechado los dineros para comprarse vehículos. “Es cierto que el pueblo se ha modernizado, pero cuando llega billete la gente cambia al tiro, se pone arribista, sobre todo si se considera que antes vivía con apenas 100 mil pesos”, agrega María Vilches.

El aumento de vehículos sólo es comparable con la proliferación de plasmas. Casi no hay habitante en el pueblo que no tenga un 32 pulgadas en el living de su hogar. Alegatos más, alegatos menos, la mayoría del pueblo trabaja “a dos bandas”.

-Si hay mucha gente que no está peleando por el agua, es por plata, y eso a mi me duele. Si ellos se hubieran unido al principio, el tranque no estaría funcionando. Mal que mal, la mayoría de los que protestan hace años que maman de la teta de Pelambres -comenta Nair Huerta.

La más cuestionada en este aspecto es Mireya Ardiles, un ícono de lucha antipelambres. Magaly Galarce, que figura con un cheque de más de 80 millones de las platas retenidas, dice que “esta mujer arrienda dos casas de sus hermanos a Pelambres, corre para todos lados y no se llena con nada”.

Margarita Olivares, dueña de un restorán instalado con financiamiento de Pelambres, cuenta que fue íntima con la Mireya pero que de un día para otro la mujer la puso en una encrucijada. “Fuimos muy amigas, salíamos para todos lados juntas, pasamos pascuas, años nuevos, pero un día me llamó y me preguntó si estaba a favor o en contra de Pelambres. Le dije a favor, y no me habló más”, cuenta.

Las mujeres no sólo se quitaron el saludo. Cuando llegó la ambulancia al pueblo, producto de las medidas de mitigación ofrecida por la empresa, Margarita dice que recibió huevos de parte de la gente del comité que la empapeló a chuchadas. Lo más suave que le gritaron, afirma, fue “pelambrina”. Al otro día su furgón amaneció con los vidrios rotos.

-Yo no soy tan materialista para ponerme a llorar por un vehículo pero me costó un millón doscientos arreglarlo -cuenta Margarita, que tiene en su restorán un cartelito que dice: “Si mi prosperidad le da envidia, haga lo mismo que yo: trabaje”.

No son pocos los denominados “pelambrinos” que dicen que el pueblo está corroído por la envidia. Carlos Cortés, dueño de la empresa MyC, es uno de ellos.

-Soy caimanino, regresé hace cinco años en un Lada Samara a trabajar y hoy, gracias a Dios, me ha ido bien, tengo mi propia empresa, la única del pueblo y tres camiones y un furgón. Pero la gente piensa que soy millonario y como el pueblo es chico les provoca envidia. Yo sólo tuve la suerte de ser un poco más visionario -sostiene.

El grupo que rechaza a Pelambres, denominados por sus rivales como Banderas Negras porque en sus casas tienen colgados los estandartes en señal de luto, aseguran que Cortés es “el más aborrecido del pueblo”.

-Tiene la pura cagá, porque su empresa sirvió de base para que Pelambres se instalara en el pueblo. Si este gallo vendía perfumes en Santiago y se tuvo que arrancar de allá -denuncia Cristián Flores.

Hace un par de semanas la oficina de Cortés amaneció con todos los ventanales rotos. “Si me han ofrecido hasta combos”, sostiene. La oficina de asuntos externos de la minera, ubicada en el mismo pueblo, también ha recibido peñascazos nocturnos.

Pero lo más “brígido” que ha pasado en el Caimanes sucedió la noche en que los mineros estaban siendo rescatados en Copiapó.

-Como a las cinco de la mañana empezamos a sentir una bocina. “Ah, dije yo, rescataron al último minero”. En eso prendo la tele y nada, así que me levanté y veo una tremenda llamarada por la ventana. Se estaba incendiando una camioneta de una empresa contratista -cuenta María Vilches.

El siniestro jamás fue aclarado pero todo el mundo apuntó al Comité de Defensa de Caimanes, que asegura que el incendio fue una maniobra de Pelambres para inculparlos. Desde aquel día, un cuartel móvil de Carabineros se pasea día y noche por las calles del pueblo.

Los viejos tiempos, como reza la canción, parece que no volverán. Gilberto Carvajal, socio de una comunidad agrícola de El Rincón, una localidad aledaña a Caimanes, dice que hace cinco años se daba el lujo de llevar al pueblo “camionetadas de hortalizas, porotos verdes, lechugas y repollos, dos veces por semana”. Ahora, asegura, no le alcanza ni para mantener las 10 hectáreas de nogales que tienen los socios.

-El 70% de todas las vertientes se secaron desde que se empezó a construir el tranque. En este momento sólo regamos 5 hectáreas. Da pena ver a los viejos que están con pelambres cargando baldes de agua porque su hijo trabaja en la empresa -relata.

Carvajal no sólo extraña el agua, sino algo que se perdió y que asegura será muy difícil de recuperar: el espíritu de comunidad. “Antes nos reuníamos todos en la cancha del club deportivo para los 18 y la navidad, unos se ponían con cabrito, otros con el trago, todo era familiar. En cambio ahora, para la pascua, Pelambres dona juguetes y un dirigente se los reparte a los cabros chicos en la cancha”, cuenta.

La confianza en Caimanes está por el suelo. Ya nadie confía en nadie. Los “pelambristas” aseguran que hubo un chanchullo en la retención de dineros que fueron precautoriados por el tribunal. Dicen que el comité de defensa se unió a un grupo de abogados que armaron una sociedad para quedarse con las platas que les donó Víctor Ugarte. La sociedad en cuestión, formada en noviembre de 2008, está compuesta por los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y el vocero de los huelguistas Cristián Flores. Según consta en el acta de constitución, los socios tendrían la facultad de distribuir los beneficios que se obtengan pero “conforme a criterios” que fijarían ellos mismos. Esto abre la puerta, aseguran los “pelambristas”, a que si se indemniza con 350 millones de pesos a cada miembro del pueblo mayor de 18 años, ante una eventual erradicación, tal como se ha sugerido en la mesa de diálogo que tienen los huelguistas con Pelambres, los miembros de la sociedad podrían distribuir el dinero a su antojo.

-Son unos sinvergüenzas, uno de los abogados vino a mi casa y me ofreció que podía retirar la plata retenida pero que a cambio tenía que pasarle el 35% de mi dinero. El juego es el siguiente: me detienen las platas y además me ofrecen otro abogado para que me las saque. O sea, son juez y parte -cuenta Magaly Galarce.

Otros afectados, en cambio, sí cobraron la plata y entregaron parte de su dinero a los abogados. El total de los recursos recolectados ha ido a parar a las arcas del Comité de defensa de Caimanes. Plata que ha sido utilizada para los gastos con que han solventado la lucha. La razón de tamaña generosidad, aseguran los “pelambrinos”, es que los abogados le ofrecieron a la gente multiplicar el dinero invertido si es que reciben una indemnización.

Sandra Dagnino, una de las abogadas cuestionadas, se defiende: “si mediara algún un avenimiento entre la comunidad y la minera -asegura-, ese avenimiento va a pasar por el acuerdo de las partes. Y si hay acuerdo, esas platas necesariamente debe girarlas Pelambres a cada uno de los representados, no a la sociedad”.
El tema está más que candente. Pelambres, de hecho, entabló una querella criminal contra los abogados por los delitos de asociación ilícita, denuncia calumniosa, prevaricación, presentación de pruebas falsas y amenazas. Todo, mientras los huelguistas enteran 53 días sin ingerir alimentos.

Nadie sabe en qué va terminar todo esto. Bien, parece que no.

(Ni la empresa Los Pelambres ni Víctor Ugarte quisieron hablar para este reportaje).
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