Raimundo Contreras / resumen.cl

El Pasado lunes 16 marzo, con 9 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Biobio autorizó a la central Bocamina II de Endesa a funcionar nuevamente. Desde diciembre de 2014 que la termoeléctrica se encontraba paralizada tras el recurso presentado por diversas agrupaciones de Coronel y que la Corte de Apelaciones de Concepción acogió tras determinar que la unidad funcionaba de manera ilegal, fuera de la normativa ambiental. Luego de que la empresa aplicara una serie de medidas de mitigación y compensación, el Estado ha vuelto a dar luz verde para operar. Desde la perspectiva empresarial, todas las medidas de mitigación y compensación han cumplido su objetivo.

En Noviembre de 2014, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la paralización de la central en respuesta al sumario de la Superintendencia del Medioambiente que aplicó una multa a Endesa por $4.378 millones determinando como incumplimientos: la superación del límite de emisiones atmosféricas para el parámetro CO, la falta de un sistema de desulfuración, fallas y aperturas entre los paneles del cierre acústico perimetral, incumplimientos de la Norma de Emisión de Ruidos y omisión de contar con medidas implementadas para hacerse cargo de la succión masiva de especies y comunidades completas a través del sifón de captación de aguas de refrigeración de Bocamina II.

Anteriormente, en abril del mismo año, un informe entregado por la PDI reportaba altas concentraciones de Arsénico, Mercurio y Plomo de hasta un 274% por sobre los límites máximos permitidos en suelos de la comuna. En este escenario, la población comenzó a exigir un estudio para determinar la concentración de sustancias tóxicas en sus cuerpos, cuestión que ha sido constantemente postergada por las autoridades locales.

Impacto en la salud humana.

Los contaminantes emitidos por las centrales termoeléctricas (Nox, Sox, MP10, MP2.5 y metales pesados) atacan directamente a la salud de la población. La exposición a los contaminantes aéreos, como el dióxido de azufre (SO2) y las partículas en suspensión respirables de tamaño mayor que 10 micrones (MP10), se han relacionado con un deterioro de la salud respiratoria. En estudios epidemiológicos se ha demostrado que la exposición a altos niveles de SO2 produce broncoconstricción en asmáticos. Además, la elevación de los niveles de MP10 se ha asociado a un aumento de las consultas hospitalarias de urgencia por asma y de síntomas respiratorios relacionados con el asma, así como a una disminución de la función respiratoria, y en particular del flujo espiratorio máximo (FEM).

En distintas regiones de América Latina donde la producción industrial se ha fundido con periferias urbanas en las últimas décadas, la salud de la población ha sido fuertemente impactada. En Puchuncaví, región de Valparaíso, se ha demostrado que la actividad de la fundición de cobre y la termoeléctrica de Ventanas han afectado gravemente la salud de la población. También se ha reportado daño genotóxico en pobladoras del Triángulo de Hualpén por la actividad de ENAP. En Tocopilla, el uso del petcoke ha contaminado de tal forma que la orina de niños se registra con metales pesados. En Diciembre de 2014 unas pruebas hechas por el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Colegio Médico reportaron que niños de jardines infantiles de Antofagasta poseían altos niveles de Arsénico y Cobre en su sangre.

Coronel, por su parte, ha debido soportar la actividad contaminante de Bocamina I de Endesa durante más de cuarenta años. Su población ha denunciado que el funcionamiento de esta termoeléctrica ha provocado asma y otras enfermedades crónicas asociadas al sistema respiratorio. Además, recientemente en la etapa de construcción de la central, 7 trabajadores fueron contaminados con asbesto luego de trabajar en la remoción de mil doscientas toneladas de este material. La empresa AkeronKaf, contratada para hacer el retiro de asbesto más grande de Chile, aseguró que todo el procedimiento se hizo en cumpliendo la legislación nacional y los más altos estándares. Sin embargo, se presume que aproximadamente 20 toneladas de asbesto fueron diseminadas en todo el pueblo de Coronel. Los peligros del asbesto incluyen varios tipos de cáncer y asbestosis, una fibrosis pulmonar progresiva y grave, similar a la silicosis, pero mucho más rápida e irreversible, lo que puede producir, de acuerdo a su gravedad, insuficiencias respiratorias graves y fatales. La otra enfermedad que puede producir es cáncer de la pleura y de otras membranas similares.

La actividad de la población de Coronel ha sido determinada por la minería del carbón. Su caída a finales del siglo XX debido a la baja rentabilidad de la extracción dejó miles de familias sin sustento. Hoy, Coronel continúa con un elevado desempleo, su población vende su fuerza de trabajo en los altamente precarizados y tercerizados sectores pesquero y forestal que generan grandes ganancias al empresariado. Ahora, con la entrada en operación de Bocamina II de Endesa y Santa María de Colbún, su población podrá observar cómo la red de alta tensión transportará la energía generada a través de cerros cubiertos de monocultivo hacia los grandes centros de consumo eléctrico, todo mientras el humo y la contaminación se dispersan sobre la ciudad afectando su calidad de vida.

Todo por la demanda energética.

Localidades como Huasco, Ventanas, Tocopilla o Coronel son, hace décadas, sacrificadas al progreso del capital minero, industrial y el sector de consumo-servicios de Santiago y algunas grandes ciudades regionales.

Desde el Estado y las grandes corporaciones, este ataque a la salud de la población busca justificarse mediante campañas de orquestación mediática con respecto a una supuesta crisis de energía. A través de todo medio se promueve una inquietud agobiante sobre el futuro amenazado por la escasez energética. Esto, indudablemente sirve como instrumento para cegar el entendimiento y apagar la conciencia de la población. Pero lo cierto es que, ni la propia población ni ninguno de los sistemas productivos que ésta requiere para hacer viable su existencia a largo plazo necesitan tales cantidades de energía. De hecho, sistemas productivos viables requieren muchísimo menos energía para operar que el enorme despilfarro que caracteriza a los monocultivos dependientes del petróleo y al consumo acelerado de las megalópolis. La acción depredadora del sistema capitalista sobre la biósfera está acabando con las propias bases materiales de la existencia humana, y contrario al interés de sobrevivir de la mayor parte de la población del planeta, son el minúsculo grupo constituido por el empresariado y la clase política, quienes realmente necesitan estos niveles crecientes de energía.

Durante los últimos años, los indicadores que miden la actividad del sector minero en Chile registraron un sostenido crecimiento. El índice de producción industrial anotó un alza de 5,8% en Marzo del presente año. El sector más incidente fue minería, que creció 10,1%. Ahora que los procesos mineros -buscando también superar conflictos con comunidades locales- han saltado el obstáculo de obtener agua exclusivamente desde la Cordillera de los Andes, y con la posibilidad de desalinizar agua marina a gran escala, la producción minera se elevará aún más y requerirá mayores cantidades de energía eléctrica.

Cuando el consumo residencial nacional, particularmente el de Santiago, alcanza valores cercanos al 16% del total y la gran minería e industria abarcan el 32 y 30% respectivamente, comprendemos cuales son las prioridades de la planificación energética a corto plazo. En respuesta a movilizaciones por controvertidos proyectos hidro y termoeléctricos como Hidroaysén y Punta de Choros, el Estado ha buscado desarrollar otras soluciones supuestamente más “amigables” con el ambiente. Es el auge de las centrales “de pasada” en ríos cordilleranos y la búsqueda de las condiciones que permitan construir grandes termoeléctricas de ciclo combinado a gas natural, como la que se planea en Bulnes en el marco del proyecto Octopus GNL Penco-Lirquén. Otras alternativas como la solar y eólica, requieren de superficies e instalaciones demasiado grandes para poder entregar al sistema interconectado los niveles que hoy se manejan con la termoelectricidad, por eso, la clase político-empresarial no podrá cambiar ni diversificar tan pronto su matriz energética, aún requiere de zonas que continúen soportando los impactos que produce la generación de energía mediante carbón.

Mitigación de impacto y compensación económica.

Desde que comenzó la construcción de la central Bocamina II en 2008, las protestas en las poblaciones Aroldo Figueroa, Capitán Cabrejo y La Colonia intentaron infructuosamente detener las faenas. Hoy la central ya está terminada pero algunos coronelinos han continuado presionando legalmente a la empresa.

En Diciembre de 2014, Endesa resuelve pagar a cerca de 2000 personas, entre pescadores y algueras, un bono de 7 millones 100 mil pesos. Tres meses después, el lunes 16 de marzo recién pasado, en la Intendencia de Concepción y mientras algunos coronelinos protestaban en la Plaza de Armas, la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobio autorizó la puesta en marcha de la central, hecho que se espera que ocurra en mayo del presente año.

Endesa desechó la idea original de generar 20MW extra, continuará con los 350MW que fueron aprobados en 2007. La empresa se comprometió a instalar nuevos filtros en la captación de agua para enfriamiento de la central, con el objetivo de no capturar grandes cantidades ni alta diversidad de especies. Estos filtros estarían listos en 13 meses. Además, Endesa deberá techar las canchas de carbón y reducirá la capacidad de almacenaje de 309 mil toneladas iniciales a 290 mil. Todo ello, con un costo cercano a los 184 millones de dólares.

Frente a estas cifras que invierte la empresa en mitigaciones, los 22 millones de dólares de compensaciones a las familias de pescadores y algueras se manifiestan como lo que realmente son: un miserable desagravio, pues la contaminación y los daños provocados por el proyecto energético de Endesa a las generaciones futuras de Coronel son incuantificables en términos monetarios. Con el pago de estas “compensaciones” a la población, no es menor la sensación de impunidad de la empresa frente al desastre ambiental, social y económico de este conflicto. No importa la magnitud del crimen, en la medida que pueda pagar la impunidad, todo legalizado mediante del concepto de “compensación”. Con respecto a las mitigaciones, definitivamente ha sido una peligrosa jugada buscar elevar los estándares técnicos que minimizan los impactos. Una estrategia que realmente ha ayudado al empresariado a perfeccionar sus propios planes, pues con los recursos que disponen, muy pronto podrán encajar cada nuevo y controvertido proyecto dentro de las raquíticas normas que cualquier Estado moderno cuenta para aprobar el funcionamiento de estas centrales.

Una amarga moraleja emerge de este conflicto, quienes busquen la compensación y mitigación de sus demandas nunca obtendrán algo más que una insignificante ganancia temporal, un bajo precio que el empresariado fijará para continuar con sus rentables planes destructivos. Y mientras su dinero se incrementa con la producción energética y cierta miserable cantidad cae por goteo a la población, la salud de los habitantes de Coronel y sus alrededores será gravemente afectada y la bahía recibirá otra carga adicional a la fuerte modificación que ha significado la actividad industrial de varias décadas. Ahora, la única alternativa que queda es la movilización popular. Sólo el tiempo y las acciones nos dirán si este monstruo tiene un freno antes de un desastre peor, o si deberemos sucumbir a la reapertura de Bocamina II, con todos los efectos nocivos que conocemos, y que se reactivarán apenas entre en funcionamiento la termoeléctrica.