Chile - La masiva pérdida de patrimonio arqueológico que ensombrece la designación del nuevo director de la Dibam
Mientras
el arqueólogo Ángel Cabeza era secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos
Nacionales, autorizó la remoción de patrimonio arqueológico en el Valle de
Pupío, en Coquimbo, para dar paso a la construcción del polémico tranque de
relaves El Mauro, del Grupo Luksic. Decisión que terminó con la excavación
irregular de más de 148 sitios arqueológicos, y la remoción de más de 500 rocas
con más de 2.000 petroglifos de origen diaguita, incaico y molle, de más de 7
mil años de antigüedad, en lo que el Colegio de Arqueólogos denominó en su
momento como “la mayor intervención patrimonial en la historia moderna de
Chile”.
Ángel Cabeza Monteira asumió recientemente como director de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). Pocos recuerdan que este arqueólogo,
cuando ejercía como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales
autorizó una masiva remoción de patrimonio arqueológico en el Valle de Pupío en
la región de Coquimbo. Lo anterior, para dar paso a la construcción del
polémico “Proyecto de Desarrollo Integral de Mineral Los Pelambres (MPL)”,
nombre de fantasía con el cual esta empresa del grupo Luksic bautizó al tranque
de relaves El Mauro.
El citado megaproyecto –declarado “obra ruinosa” por el Tribunal de Los
Vilos y “peligro para la vida humana” por la Corte Suprema, y considerado entre
los tres de mayor impacto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental junto a las represas de Endesa en el Alto Biobío y la planta de
celulosa de Arauco en Valdivia– implicó la excavación irregular de más de 148
sitios arqueológicos, y la remoción de más de 500 rocas con más de 2.000
petroglifos de origen diaguita, incaico y molle, de más de 7 mil años de
antigüedad, en lo que el Colegio de Arqueólogos denominó en su momento como “la
mayor intervención patrimonial en la historia moderna de Chile”.
Por este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente cursó
recientemente a la citada empresa una multa de 2,4 millones de dólares por
violar la Resolución de Calificación Ambiental 038 del año 2004, que obligaba a
la construcción de un “parque rupestre”, antes de remover los petroglifos, pero
que a la fecha aún no ha sido construido pese a los anuncios de MPL.
En 2010, la Contraloría General de la República dio cuenta de que dos
arqueólogos y un historiador, funcionarios de la Dibam, dependiente del
Mineduc, trabajaron simultáneamente para la minera y para este organismo
fiscalizador. De ellos, el historiador Gonzalo Ampuero, miembro del Consejo de
Monumentos Nacionales de Coquimbo, ya jubiló; mientras que el arqueólogo Gastón
Castillo, integrante del Museo de La Serena, renunció; y el arqueólogo Cristian
Becker, del Museo Nacional de Historia Natural, fue sancionado por el ente
contralor.
En este caso también fue sancionada la ex directora de la Dibam, Nivia
Palma, por no investigar las denuncias de irregularidades. Aun cuando Ángel
Cabeza estaba al mando del organismo que dio el visto bueno al tranque, el
fallo no contempló mayores menciones a su participación porque al momento del
pronunciamiento él estaba en el ámbito privado.
Sin embargo, el caso ensombrece su designación al mando de la Dibam,
porque desde la época que él conducía al CMN, este organismo nunca ha entregado
el informe final del proyecto de remociones, con el catastro de piezas
arqueológicas, fotografías, planos de detalles del sitio afectado, y
fundamentos de la remoción de petroglifos en un total de 148 sitios
arqueológicos, de los cuales la empresa informó apenas 40 al presentar el
proyecto. Cabe señalar que el Reglamento de la Ley Nº 17.288 de Monumentos
Nacionales, en su artículo 4º, indica que “los permisos para excavaciones se
cursarán para un sitio y excepcionalmente para varios, siempre que su número no
resulte excesivo”.
Por otro lado, el informe Nº 19 de la Contraloría General de la
República, de 2006, señala que la autorización dada por Ángel Cabeza se limitó
a ratificar la aprobación al proyecto otorgada por el mencionado historiador
Gonzalo Ampuero, quien en ese momento era funcionario público y empleado de
Minera Los Pelambres. Aun mayor gravedad reviste la constatación de que Minera
Los Pelambres y la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), propiedad del
investigador del CEP, Ricardo Katz, “cortaron” un estudio científico
arqueológico realizado por la ex directora del Colegio de Arqueólogos, Andrea
Seelenfreund, para dejar sólo las conclusiones que favorecieran la remoción.
Adicionalmente, la Contraloría ordenó el 31 de mayo de 2012 la
realización de un sumario administrativo al interior del Consejo de Monumentos
Nacionales, sobre la base de la falta de fiscalización por parte de este
organismo respecto del destino de cientos de piezas arqueológicas, las cuales
han sido almacenadas en casas particulares (incluso de los propios
arqueólogos), según consta en fotografías aportadas por la Brigada de Delitos
contra el Medioambiente y el Patrimonio (Bidema) de la PDI. El órgano contralor
ha evidenciado además la falta de un catastro de piezas; la desaparición de
patrimonio que luego apareció en el mismo sitio en que lo habían buscado sin
éxito, entre otros indicios de irregularidades.
Las respuestas dadas por el Consejo de Monumentos Nacionales a través de
solicitudes de acceso a información realizada por particulares, demuestran que
este sumario no ha dado resultado alguno, pese a que se han vencido los plazos
legales para ello.
La pérdida
patrimonial debería estar siendo investigada en la actualidad por Fiscalía, a
la que en octubre pasado el presidente de la Corte Suprema le remitió
nuevamente los antecedentes del caso.
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