El gobierno tiene la obligación de asegurar que se haga justicia de verdad, una justicia legal y legítima. No hacerlo es actuar en colusión con el sistema imperante.

Más de un año ha pasado desde que tomaron presos a quienes se oponían a los proyectos hidroeléctricos que destruyen sus tierras. Los detenidos han sido hostigados como personas y como comunidades en el caso de Pisu Pisué por el simple hecho de proteger sus tierras y su medio ambiente del lucro agresivo de quienes controlan las fuerzas represivas. Este ha sido un caso de represión, característico de la (in)justicia chilena. El que los hayan detenido, acusado sin evidencias y bajo medidas anti-terroristas (porque si bien no la nombraron, la larga detención preventiva, las condiciones de su detención el atropello sufrido por las comunidades y la difamación hecha contra los comuneros y machis envueltos, todo eso conforma la práctica de la Ley AntiTerrorista (LAT) que incluye también los componentes racistas de los fiscales. Cuando los visitamos con un grupo de miembros del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, pudimos ver las pésimas condiciones y frío (era febrero del 2013) en que mantenían a los detenidos. Uno de ellos, Mapuche argentino, fue detenido solo por racismo y su condición de argentino...

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En el caso Pisu Pisué detuvieron a dos Machi (la joven Machi, Millaray Huichalaf, en foto) porque en ese momento, el Estado chileno decidió perseguir a las autoridades Mapuche que defienden sus derechos. En el verano del 2012-2013 detuvieron a seis Machi, uno de ellos, en Chol-Chol que era incluso, ciego. Las políticas del racismo histórico no se erradican sino que las utilizan una y otra vez.

Los fiscales no dudan en acusar sin pruebas, en fabricarlas a gusto y en imponer tratamientos inhumanos a los detenidos. No hay el menor sentido de justicio por parte de muchos fiscales cuyas conductas son racistas, cuando menos.  El uso del espionaje telefónico, que al Mapuche se la hace sin discriminación y que nunca nada demuestra evidencias (los casos de muchos otros juicios ya lo han demostrado ser así: Juicios de Cañete, Temuco, By-pass de Quino, y otros) Luego de muchos años, los acusados, condenados terminan demostrando quye fueron acusados por racismo y simple represión. Pero nunca hay una reparación para ellos.

Mientras lo anterior sucede, los grandes millonarios y magnates de Chile siguen duplicando sus fortunas mediante fraudes y especulaciones ilegales. Todas ellas han aumentado gracias al fraude y la protección para ellos de un sistema judicial y socio-económico protegido.

Las cárceles de Chile son inhumanas por donde las he visitado. Para el Mapuche las cárceles son inmorales, con el objetivo claro de "reventarlos" y despersonalizarlos. Salvo las cárceles de oro para criminales de lesa humanidad (es decir los crímenes de la dictadura y hechos por Carabineros o Fuerzas Armadas) que son modernas y elegantes, y que incluso permiten a esos asesinos salir "con permisos" ilegales, el sistema carcelario de Chile muestra la característica nacional de ser una sociedad castigadora... siempre que sea Mapuche o indígena, que sea de la sociedad civil no privilegiada, obreros, pescadores, estudiantes, obreros o miembros de comunidades en destrucción. Quien no obedece es castigado...

Las cárceles concesionadas, como la supuestamente muy moderna cárcel de Valdivia, son el resultado del lucro agregado a la represión y ya llegamos al círculo vicioso de la represión en Chile: se le quita la tierra al Mapuche, se la destruye con las forestales, las centrales hidroeléctricas y se les impide tener una vida de acuerdo a su cultura, con su sentido social y humano y se le estigmatiza como terrorista. Allí no ha habido justicia:  sólo queda la represión y la exclusión de un pueblo. Las pérdidas económicas del sector más pobre de Chile y la pérdida de ingresos y de derechos fundamentales son la característica del Chile actual.

Y en esta brutal relación que se le impone al pueblo Mapuche, al final del camino, no hay recompensación por el sufrimiento ni por la destrucción hecha. Las promesas sin ejecución de parte del Estado y la falta de voluntad de terminar con la guerra sucia y con las peores condiciones de vida ponen en claro de que Chile no quiere democracia y muchos menos justicia social o equidad.

En la IXa. región,justo al norte de Pilmaiquén, donde hay un Intendente que exige respetar al pueblo Mapuche -su propio pueblo por ser Huenchumilla un mapuche también- el gobierno nada hace para asegurar que él, como intendente controle a la represión. Las promesas de un Mapuche a sus hermanos son buenas... pero mientras no exista consecuencia de parte del gobierno de parar la represión, de establecer patrones de justicia verdadera, nada es confiable y las promesas siguen como brisas frente al mar... pasan de largo.

El gobierno Bachelet debe "ponerse las pilas" y respetar a nuestros hermanos Mapuche. Ahora. Y eso significa llevar adelante también un claro, exigente, programa de discriminación positiva. Es decir, un programa que en un plazo breve repone las ausencias en servicios, en apoyo técnico, en salud, educación, protección social, recuperación de tierras, insumos y apoyo técnico. Porque la discriminación positiva en favor de los magnates y sectores enriquecidos (muchos a la mala durante la dictadura y décadas posteriores) determinó una pérdida para el mapuche que es indignante. De no hacerse programas de reparación para el pueblo Mapuche y a los otros ocho pueblos indígenas de Chile (que son los que quedan y, entre ellos varios son los que están a punto de extinguirse como los Kawéshqar o Alacalufes y los Yaganes), el gobierno simplemente, busca mantener las acusaciones de los sectores más racistas de que los mapuches "pierden las tierras" por indolencia y flojera. Y nada de eso es cierto. Nada. Los bosques y los ríos destruidos, las tierras perdidas y los ríos, lagos y el mar que se pierde por las explotaciones intensivas por lucro destruyen el presente de un pueblo y el futuro de un país. Chile sigue siendo el país de la exclusión y de la intolerancia. Y los dobles juicios o los juicios-linchamientos que se repiten (Cañete, el de Daniel Melinao o el de Celestino Córdova) en que el Estado actúa como el que exige condenas para humillar y producir escarmiento en las comunidades. Y, si pierde sus juicios, anula dichos juicios y los vuelve a llevar adelante... como en el caso de muchos de ellos. Y, en el caso de Celestino Córdova, un juicio totalmente violatorio del debido derecho, usan un lenguaje pseudo-humanitario mientras, sin demostrar evidencias reales, objetivas, acusan al mapuche y a sus autoridades como terroristas que no logran comprobar.  El nuevo gobierno nada hace para que el principio de justicia sea cumplido... y esa es obligación de los gobiernos para que sí eso ocurra. Se esconden en la colusión de poderes con los sectores más poderosos del modelo de injusticia chileno  Esos juicios linchamiento son políticos y el gobierno abusa incluso, mintiendo al país y a las víctimas... simplemente porque en ellos violan todos los derechos penales y desarticulan el principio del Debido Derecho.

El caso de Pisu Pisué, como el la familia Pichún de Patricia Troncoso, de los de Cañete han seguido demostrando ser injustos y el siswtema se hace "el tonto" y silencia los casos varios años después. No hay reparación y mantienen esa idea racista de que el Mapuche es el enemigo,  Ver caso Pisu Pisué en detalle: http://radio.uchile.cl/2014/06/18/defensores-publicos-atenuan-medidas-contra-imputados-por-caso-pisu-pisue

Vale la pena recordar que en el caso del Klan Luksic y la mina Los Pelambres, en la zona de Illapel el poblado Los Caimanes ha sufrido del mismo modo que el pueblo Mapuche: sus pueblos destruidos, agua intoxicada y que desparece por el uso abusivo, detenciones y juicios... siempre para facilitar las ganancias de sectores pirañas que duplican sus fortunas... Como en el resto de este país, prima y se gobierna para los modelos del lucro y de la inequidad.