Colombia - La minería vive un panorama desalentador
Colombia vive una
verdadera emergencia como consecuencia de la explotación minera ilegal, que
cada día se expande por el territorio nacional, ante la incapacidad de las
autoridades para frenar su avance. Lo ocurrido en las inmediaciones de
Santander de Quilichao es solo una comprobación de la situación y que solo se
hace pública cada vez que ocurre una tragedia como esta en la que por lo menos
20 personas perdieron la vida, luego que ocurrió lo mismo con cuatro campesinos
y hubo 90 intoxicados en Buriticá. En este año han sucedido al menos 25
accidentes en distintas regiones del país.
La respuesta de las
autoridades encargadas del asunto es la misma: después de la tragedia, la
Defensoría del Pueblo pide mayor acción del Estado, el Ministerio de Minas y la
Agencia Nacional Minera afirman que se había venido haciendo las advertencias
sobre los altos riesgos para la vida humana por la explotación ilegal de los
recursos en la zona y la policía denuncia que hace unos días pretendió hacer un
operativo, pero que los campesinos y mineros asentados allí, impidieron el
decomiso de la maquinaria y la salida de los trabajadores.
A renglón seguido se anuncia, una vez más, que el Gobierno de la mano con autoridades locales, viene implementando una estrategia integral para combatir este tipo de minería, que incluye un programa de formalización minera y de combate a la minería criminal. En los términos anteriores, la situación de la minería es grave y paradójica. Por un lado, el control sobre la minería ilegal es muy pobre y cada vez es más evidente la vinculación de las bandas criminales y el narcotráfico a la extracción minera en tanto que la actividad formal de las empresas no es la más afortunada por el acoso de la inseguridad, los conflictos laborales y el ánimo pendenciero de los organismos de control. Por parte de las autoridades del sector no hay una actitud contundente y clara que muestre que en efecto la actividad es considerada realmente como una locomotora del desarrollo y que el tema no es solo una promesa política o para hacerla efectiva en los discursos.
A renglón seguido se anuncia, una vez más, que el Gobierno de la mano con autoridades locales, viene implementando una estrategia integral para combatir este tipo de minería, que incluye un programa de formalización minera y de combate a la minería criminal. En los términos anteriores, la situación de la minería es grave y paradójica. Por un lado, el control sobre la minería ilegal es muy pobre y cada vez es más evidente la vinculación de las bandas criminales y el narcotráfico a la extracción minera en tanto que la actividad formal de las empresas no es la más afortunada por el acoso de la inseguridad, los conflictos laborales y el ánimo pendenciero de los organismos de control. Por parte de las autoridades del sector no hay una actitud contundente y clara que muestre que en efecto la actividad es considerada realmente como una locomotora del desarrollo y que el tema no es solo una promesa política o para hacerla efectiva en los discursos.
En buena parte como
resultado de ese panorama, en el país no ha entrado en operación en las dos
últimas décadas ningún proyecto importante y los que están en prospecto en
departamentos como Santander, Tolima y Antioquia, siguen en la antesala
burocrática y la presión de un fundamentalismo ambiental egoísta y populista.
El país se expone a que sus recursos naturales sigan enterrados y que la inversión
extranjera tome otros rumbos si no hay una definición clara en la materia por
parte de este y el próximo gobierno y mientras tanto la minería ilegal seguirá
haciendo de las suyas.
Fuente: La República
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