El lobby de Mon$anto en Chile
El Desconcierto, julio 2013.
Lucía Sepúlveda, http://periodismosanador.blogspot.com
Monsanto, la principal
empresa del mundo productora de biotecnología agrícola y semillas transgénicas.
Denunciada mundialmente por el peligro de sus productos para la salud y el ambiente,
y por el control vía royalty del mercado de las semillas. Uno de sus
principales accionistas es el millonario George Soros, cercano al mundo liberal
y socialdemócrata. El poder y las redes políticas de Monsanto son tan grandes
que tienen vínculos con los principales políticos de todo el orbe, entre ellos,
los chilenos, donde hace años la empresa presiona para que se instaure en el
país una ley que le permita el control de las semillas. Hoy está a punto de conseguir
su objetivo, si no se le pone atajo desde la calle.
Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad
corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y otros productores de químicos y
semillas. Por ejemplo, Andrés Allamand, quien desde que era senador comenzó a
promover los cultivos transgénicos. Junto a sus pares Alberto Espina, Fernando Flores
y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto
de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que
promueve la introducción de este tipo de
cultivos.
En 2011 el Senado aprobó la
firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91,
presentado a su vez por la ex presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El
Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las
semillas híbridas y transgénicas y, entre otras aberraciones, prohíbe el libre
intercambio de semillas, asegurando su control por los denominados “obtentores”,
en su mayoría transnacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y otros
socios menores. Permite a las propias empresas demandar a quienes “pirateen”
sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países europeos.
Votaron a favor del
convenio los senadores Carlos Cantero (independiente de derecha); los UDI Juan
Antonio Coloma, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa y Jaime Orpis; y
los RN Francisco Chahuán, José García, Alberto Espina, Carlos Kuschel, Carlos
Larraín, Baldo Prokurica, más el PPD Eugenio Tuma. Se abstuvieron los PS Camilo
Escalona y Juan Pablo Letelier, junto a los DC Hossain Sabag, Patricio Walker y
Andrés Zaldívar y el RN Antonio Horvath.
El Senado votó el convenio
UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras en las calles miles de personas se
manifestaban contra el proyecto HidroAysén. Pero no ha sido promulgado como ley
de la República, porque sus disposiciones contradicen la Ley 19.342, la actual legislación
sobre semillas. Chile, junto a Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador
y China, continúa rigiéndose por el convenio de 1978. Por eso, los senadores
UDI y RN reflotan periódicamente el lobby sobre el tema.
Pero la movilización social
y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar en el Senado, mientras el tiempo
actúa a favor de la conciencia ciudadana sobre la importancia de la defensa de
la semilla nativa, y de parar toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos
para el mercado interno.
Bachelet y el convenio
UPOV 91
Fueron dos los proyectos de
ley emblemáticos para Monsanto y las transnacionales semilleras introducidos al
Congreso por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet en 2008, bajo el “cuco”
de que habría sanciones del gobierno de Estados Unidos si no se aprobaba
rápidamente.
El compromiso figuraba en
la letra chica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto de
Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91 tienen que ver con la
propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último
día de vigencia de su mandato, en 2010, los diputados aprobaron el proyecto de
Ley de Obtentores Vegetales, haciendo caso
omiso a las múltiples
indicaciones propuestas por las organizaciones campesinas y ambientales. El
proyecto pasó entonces al Senado.
La Ley de Obtentores
Vegetales, que las organizaciones denominamos “Proyecto de Privatización de la Semilla”,
proponía derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar el Convenio
UPOV en su versión de 1978) y reemplazarla por una que fuera totalmente funcional
al Convenio UPOV 91.
Bachelet no aceptó ninguna
reunión para discutir ese proyecto, negándose a entrevistarse con las más de 40
organizaciones que hicieron ver su rechazo al contenido de la iniciativa.
Hoy sabemos que este
proyecto de ley fue elaborado por la Asociación Nacional de Productores de
Semillas (Anpros), es decir por Monsanto, el padre de Ena von Baer y los
productores de semillas híbridas y transgénicas, que son quienes desean
asegurar un mayor lucro por la venta de estas semillas.
No al etiquetado de
transgénicos
El lobby de Monsanto
también funcionó en 2000 en el gobierno del presidente Lagos. Su entonces
ministra de Salud, la doctora Bachelet, y sus asesores habían preparado una
impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos: el Decreto
293. La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero
nunca se promulgó en el Diario Oficial.
En lo principal, establecía
un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos. Aquellos alimentos que
superaran ese margen debían indicar en el listado de ingredientes, “con
caracteres destacados, el ingrediente modificado genéticamente”. Los envases
debían llevar, según la norma, un sello que diga “transgénico” o, si eran muy
pequeños, “OGM”. De manera que hoy no tenemos etiquetado de transgénicos porque
el entonces Presidente Lagos y su ministra desistieron de hacerlo. ¿Quién los “convenció”?
En el gobierno de Bachelet también destacan dos millonarios subsidios a
Syngenta y Dupont/Pioneer, que están entre las más poderosas transnacionales
semilleras y productoras de
agrotóxicos. En 2007 Corfo le aportó 1,7 millones de dólares para la
instalación de un centro de semillas en el Valle de Azapa, en Arica.
Dupont recibió de Corfo
casi un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también
en el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la
Concertación no existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del patrimonio
genético del país, ni para impulsar una Ley de Protección de la Biodiversidad.
“El proyecto de Ley
Monsanto”
El primer proyecto de ley
sobre introducción de los transgénicos en Chile (de 2006), en que intervino
Allamand, era similar al
impulsado por Monsanto en México. La injerencia de la transnacional en ese
proyecto fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que
entonces lo denominaron “Proyecto de Ley
Monsanto”.
El gobierno de Sebastián
Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida
en tiempos de la presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado indicaciones
sustitutivas de la mayor parte del articulado para asegurar lo central: la introducción
de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual optó porque
aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas fueran abordados
después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay
discusión pública posible. En una reunión, sostenida en abril de 2010 en el
Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientalistas y sociales para
discutir el tema de los transgénicos, los asesores del entonces ministro de
Agricultura José Antonio Galilea, Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga,
afirmaron textualmente:
“Allamand y Espina nos
dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio
de 2010. Tiene que hacerse rápidamente”. Las órdenes provenían probablemente de
Missouri, Estados Unidos, donde está la sede de la poderosa Monsanto.
En una entrevista a Jorge
Schaulsohn, publicada en revista Caras, sobre la complicada
situación de este lobbysta empresarial (y ex diputado PPD) se informaba que
Allamand y Schaulsohn habían sido socios en una oficina de abogados en Estados
Unidos. Schaulsohn entregó en la entrevista su respaldo a la aventura presidencial
del RN. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la
fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se plegó
a la Alianza. El abogado estuvo íntimamente relacionado con las corporaciones
agroquímicas, de la
biotecnología, la minería y
el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición
inmediata del venenoso
herbicida paraquat producido por Syngenta.
La medida había sido
solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente
causados por la sustancia química.
La privatización total no
se ha consumado porque el gobierno de Piñera no ha podido promulgar esta ley aprobada
por el Senado.
Ello no ha sido posible
porque no se ha derogado la antigua Ley de Semillas, cuestión incluida en el
proyecto de Ley de Obtentores que no ha sido aún discutido en el Senado porque
el Gobierno no le ha puesto urgencia.
Para que se promulgue un
convenio internacional, éste tiene que estar de acuerdo con la legislación
interna y no es el caso, pues la actual Ley de Semillas es contradictoria con
varios aspectos del convenio UPOV 91. En Chile aún rige también el convenio
UPOV del año 1978, que no permite a Monsanto querellarse y que tampoco prohíbe
el intercambio de semillas. Pero, lejos de estar
ganada esta poco difundida
batalla, ante un gigante como Monsanto, que ha liquidado a miles de campesinos en
el mundo; sólo la acción persistente ciudadana podrá impedir lo que será
nefasto para nuestras futuras generaciones.
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"El Desconcierto es una revista mensual
de distribución nacional en quioscos centrada en temas de política, ecología y
cultura, que aparece las primeras semanas de cada mes.
Desde una perspectiva
crítica, se ha convertido en un lugar de análisis y debates sobre el malestar
social, los problemas de la sustentabilidad y el modelo económico, así como los
desarrollos en distintos ámbitos de nuestro arte y cultura.
Desde julio de 2012 ha
editado 12 números y desarrolla actualmente una plataforma multimedial con el
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