CHILE – LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA POTABLE
26 DE FEBRERO DE 2013
En 1998 empezaron los primeros traspasos
Cómo el estratégico negocio de las sanitarias
terminó en manos de privados
No fue fácil. Costó más de dos años y
amplios debates que la ley para privatizar las compañías que proveen de agua
potable —impulsada por el ex Presidente Eduardo Frei— obtuviera un respaldo
transversal en el Congreso y fuera aprobada. Hoy, tras los serios problemas que
ha enfrentado la población con el servicio de Aguas Andinas, el tema ha tenido
múltiples detractores. Por ejemplo, el presidente del Senado, Camilo Escalona,
ha pregonado públicamente que fue un férreo opositor a la iniciativa. Sin
embargo, los sindicalistas de la época y la tramitación del proyecto cuentan
otra historia.
Fuente:
El Mostrador
Tras 15 años del inicio del traspaso del sector a
manos privadas, que empezó a materializarse en 1998, la decisión enfrenta duras
críticas y sus implicancias han empezado a ser debatidas en medio de los
masivos cortes de agua potable que han afectado a millones de usuarios y que
tienen en el banquillo a la sanitaria más grande del país: Aguas Andinas
Pero a fines de los ’90 y pese al férreo rechazo
por parte de los trabajadores de las entonces sanitarias estatales, los
parlamentarios tanto de la Concertación como de la Alianza optaron por seguir
el paso de otros sectores, como el eléctrico y de telecomunicaciones, y abrir a
los privados el mundo de las sanitarias. La razón más poderosa que se esgrimía
en la época era la urgente de necesidad de aumentar la cobertura del
tratamiento de aguas servidas, que en ese tiempo llegaba apenas a 18 % y
requería de importantes inversiones.
El objetivo se cumplió con creces, ya que en 2011
llegaba a 94,2 %. En cuanto a la cobertura urbana en agua potable y
alcantarillado, en esa época los índices ya eran bastante buenos (97,5 % y 85,4
% respectivamente), por lo que los sindicatos proponían privatizar únicamente
lo referente a las aguas servidas. Pero no tuvieron eco. Y es que la aprobación
de la ley se dio, pese al debate y las declaraciones públicas de diversos
parlamentarios rechazando la privatización a través de la prensa. Finalmente,
luego de más de dos años de tramitación, el proyecto presentado a través de un
mensaje presidencial, terminó por ser probado en ambas cámaras después de pasar
por una comisión mixta.
En el Senado, de los 44 senadores en ejercicio, 30
dieron su voto favorable a excepción de Ricardo Hormazábal (DC), que se
abstuvo. Entre los que dieron el visto bueno a la iniciativa se encontraban los
actuales senadores Antonio Horvath (RN), Hernán Larraín (UDI) y Andrés Zaldívar
(DC), junto al ex ministro Sergio Bitar (PPD), Carmen Frei (DC) y el actual
presidente Sebastián Piñera. En tanto, en la Cámara Baja, de un total de 120
diputados en ejercicio, 84 votaron a favor, mientras que solamente Aldo Cornejo
(DC) votó en contra, y Jorge Soria (PPD) se abstuvo.
Entre los diputados que dieron luz verde a la Ley
N° 19.549, se encontraban varios de los actuales honorables. Entre ellos los
hoy senadores Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS), Ignacio Walker (DC),
Hosaín Sabag (DC), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Jaime Orpis
(UDI), así como los aún diputados Juan Carlos Latorre (DC), Rosauro Martínez
(RN), Carlos Montes (PS), Iván Moreira (UDI), Sergio Ojeda (DC), José Miguel
Ortiz (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Carlos Vilches (UDI). También dio su aprobación
el ex presidente de la DC Gutenberg Martínez.
Para Hormazábal, el respaldo de la Concertación a
la idea de privatizar las sanitarias, que se dio “con algunas excepciones”,
obedecería a que “el peso de los gobiernos era muy grande y la posición de los
parlamentarios muy pragmática. Había gente que no quería aparecer creando
problemas y aunque había algunos muy honestos prefirieron darle voto de
confianza (…) Creo que había un tema de manejo del gobierno y de los que
estaban en ese momento conduciendo los partidos”. En su opinión esta decisión
fue un “absoluto error”.
En tanto, Aldo Cornejo recuerda que “la tramitación
fue muy difícil porque este era un proyecto emblemático del gobierno de Frei.
Hubo un lobby muy fuerte del gobierno de la época. El
encargado de llevar adelante el proyecto desde el gobierno fue el ministro de
la Segpres, Juan Villarzú”. El ex alcalde asegura que “tuvimos varias
conversaciones en que intentó convencerme de que votara a favor. Pero tuve
muchas reuniones con dirigentes sindicales de Essval y llegué a la convicción
que era un mal negocio para el Estado”.
EL
ROL DE ESCALONA
En medio de la ola de críticas frente a las roturas
de matriz y cortes de agua que enfrenta Aguas Andinas, el presidente del
senado, Camilo Escalona, ha manifestado públicamente haber sido un férreo
opositor a la iniciativa. En una carta publicada en el sitio oficial del Senado
en contra de la privatización de las empresas sanitarias, señala que “como
presidente del Partido Socialista, en el periodo 94-98, estuve en contra de la
privatización de las empresas sanitarias”, detallando que en el contexto de esa
época “la opinión de quienes rechazábamos la privatización no fue
prevaleciente. Perdimos esa lucha”.
Entre los problemas que generaría la entrega del
manejo de las sanitarias a privados que los sindicatos advirtieron a las
autoridades de la época, se contaban sostenidas alzas en el costo de las
cuentas de agua. De hecho en los últimos diez años, según cifras de Fenatraos,
el aumento de las tarifas supera el 150 %. En el caso de Aguas Andinas el alza
llega a 157 %, en Essbío de Concepción a 138 %, en Esval de Valparaíso a 194 %
y en Essal de Puerto Montt a 200 %.
Desde los sindicatos de las sanitarias la versión
es otra, ya que no recuerdan haber visto al entonces diputado en un rol activo
para detener el traspaso de las sanitarias de manos del Estado a los privados.
Según Jorge González, presidente de sindicato 2 de Aguas Andinas,
que reaccionó muy molesto al ver las declaraciones de Escalona en la prensa, “hoy
día aparecen levantando banderas diciendo que nosotros nos opusimos a la
privatización de las sanitarias cuando un solo diputado, uno, fue el único que
se opuso. El resto todos votaron a favor de la privatización”.
González, que en los ’90 formaba parte del
sindicato de Emos –luego transformada en Aguas Andinas– formó parte de los
trabajadores que intentaron por todos los medios detener la privatización. Pero
sus esfuerzos fueron infructuosos.
El presidente de la Federación Nacional de
Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), Hugo Maturana, coincide con
González y señala que “soy el más sorprendido con que Escalona venga a decir
eso porque nunca lo vi levantar un dedo por evitar la privatización”. Maturana,
que en ese tiempo también estaba a la cabeza de la federación, participó y
asistió a múltiples sesiones del Congreso a presentar sus argumentos y junto a
otros trabajadores buscó apoyo entre parlamentarios concertacionistas.
Pero “todos nos expresaron desde la Concertación
que eran amigos nuestros, que estaban de acuerdo con la privatización. Sin excepción.
De hecho, varios hablaron con nosotros para que accediéramos porque la
aprobación se veía inminente. El que más hizo de vocero fue Carlos Ominami, que
debe haber conversado unas cinco veces conmigo pidiéndome eso”. Y agrega que
“entonces que ahora salga Escalona con esta historia…porque digo
categóricamente que apoyo de él no tuvimos. No hubo ninguno que nos apoyara.
Todos con los que íbamos a hablar nos atendían muy bien, pero nos terminaban
diciendo que accediéramos al acuerdo. La verdad es que por mucho que digan
ahora, desde un principio estuvieron de acuerdo con la privatización”.
La oposición del presidente del Senado tampoco se
refleja en la tramitación del proyecto, ya que al revisar la historia de la ley
se observa que el parlamentario dio su voto a favor en las distintas etapas de
su tramitación y no tuvo un rol activo en la discusión al interior del
Congreso. De hecho, no estuvo presente en la votación final del 18 de noviembre
de 1997.
Al ser consultado al respecto, Escalona explica que
“yo no era parlamentario. Desde marzo de 1998 estuve fuera del Congreso y la
polémica fue pública con resoluciones del PS e intenso debate interno y externo
(…). Mi posición siempre fue la misma, el Estado como socio controlador, aun
cuando hubiera propiedad mixta”.
En marzo de 1998 la ley ya estaba promulgada desde
hacía dos meses. Ese año empezó el proceso privatizador, vendiéndose
rápidamente las tres mayores empresas sanitarias: Emos (1999), Essval (1998) y
Essbio (2000).
LA
SALIDA DEL ESTADO
Durante la discusión de la ley, a la que asistieron
distintas autoridades como el subsecretario de Obras Públicas, Guillermo
Pickering —hoy presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Sanitarios (Andess)—, el sector de la Alianza respaldó firmemente la
idea de sacar de manos del Estado a las sanitarias. Uno de los puntos que
generaba más rechazo era la exigencia incluida en el mensaje de Frei de que el
Estado controlara, al menos, 35 % de la propiedad de cada una de las empresas
que en ese entonces eran estatales, entre las que se encontraban Emos (actual
Aguas Andinas), Essval y Essbío. Este porcentaje otorgaba el poder de veto y
buscaba limitar los conflictos de interés a través de la acción de los
directores elegidos con la votación de las acciones en manos del fisco. Idea
que sacaba ronchas en el mundo aliancista y que en opinión del entonces senador
Sebastián Piñera era “absolutamente inapropiado”, ya que aseguraba que “si el
Estado retiene el 35 por ciento, con ello no va a evitar o prevenir ninguna
conducta monopólica, pues la sociedad anónima se va a manejar por mayorías en
que aquél no influirá en lo relativo a precios”.
“Pero, en cambio, sí retiene dos cosas. En primer
lugar, un conflicto de interés. ¿Qué interesa al Estado con ese 35 por ciento?
Maximizar la rentabilidad de la empresa, caso en el cual tratará de aprovechar
la renta monopólica, o maximizar o garantizar la competitividad del sector. Son
dos cosas abiertamente contradictorias. Una cosa es el ente regulador, que no
tiene interés alguno en la propiedad y cuyo único objetivo es garantizar el
buen funcionamiento competitivo del mercado, y otra, un Estado que pretende, a
través de la propiedad, lograr propósitos que no son propios de ella”.
En la misma línea el hoy líder de la Segpres,
Cristián Larroulet, ofreció en el Congreso su punto de vista en representación
de Libertad y Desarrollo, sosteniendo que “esta limitación es inconveniente y
carente de sentido” y que este porcentaje “impone un límite injustificado a las
inversiones que los propios privados deseen realizar”. Según él, esto
implicaría que “la deficiencia de los recursos no podrá ser resuelta con la
iniciativa de los particulares, y dependerá siempre del derecho a veto que
tendrá el Estado al decidir si aporta o no los recursos necesarios en cada
caso”. Por su parte, el actual candidato presidencial y ex ministro de Defensa,
Andrés Allamand, señalaba que “es evidente que esta situación tan absurda de
mantener ese 35 por ciento obligatorio, por lo menos, en última instancia,
debería ir de la mano de un proceso y un sistema de licuación para que, en
definitiva, la presencia del Estado no signifique una traba, un veto, un
impedimento al progreso de cada una de estas empresas”.
La oposición finalmente no logró revertir el punto.
Al menos hasta 2003, cuando en el gobierno de
Ricardo Lagos, se suprimió la exigencia de conservar en las empresas sanitarias
el porcentaje mínimo de 35 %, razón por la cual fue posible que en 2011 la
administración del actual mandatario, Sebastián Piñera, terminara de vender lo que quedaba de la participación
del Estado en el negocio. Durante ese período también se cambió
la forma de privatizar, puesto que se optó por entregar concesiones de largo
plazo y no venderlas como se había hecho antes.
Las razones esgrimidas por el gobierno de Piñera
para justificar la venta de lo que quedaba de las sanitarias en manos estatales
fueron nebulosas y cambiantes, ya que inicialmente se habló de la necesidad de
obtener recursos frescos para la reconstrucción después del terremoto de
febrero de 2010.
Luego, y en vista de que los recursos para ello
fueron obtenidos a través de proyectos de ley con financiamiento extraordinario
adicional al presupuesto ordinario aprobados por el Congreso en 2010, se
justificó su venta con el fin de inyectar recursos para el Metro. Finalmente,
según explicó a este medio el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo,
Hernán Cheyre, los dineros obtenidos serían enfocados en el fortalecimiento de
programas Corfo.
De esta forma se remataron 24,43 % de las acciones
de Esval, 38,44% de las acciones de Essbio y 30 % de las acciones que el
fisco aún poseía en Aguas Andinas, manteniendo un porcentaje mínimo de 5% y
recaudándose US $1548 millones. Tal como publicó este medio, cuatro meses después de la venta de las acciones de Aguas
Andinas el fisco había dejado de ganar 153 millones de dólarespor
las fluctuaciones de la bolsa que favorecieron a los inversionistas, entre los que se cuentan AFPs, el Grupo Luksic y el Grupo
Bethia.
NEGOCIO
REDONDO
La privatización de las sanitarias hoy alcanza su
esplendor. Según datos de la SISS, a fines de 2011 —año en que el fisco terminó
de desprenderse de lo que le quedaba de acciones en las sanitarias— 84,6 % de
la propiedad del sector es privado, mientras que solo el 15,4 % es estatal y
continúa en manos de Corfo. Hasta 1998 de las 19 empresas sanitarias que
operaban, 13 eran estatales. Entre los problemas que generaría la entrega del
manejo de las sanitarias a privados que los sindicatos advirtieron a las autoridades
de la época, se contaban sostenidas alzas en el costo de las cuentas de agua.
De hecho en los últimos diez años, según cifras de Fenatraos, el aumento de las
tarifas supera el 150 %. En el caso de Aguas Andinas el alza llega a 157 %, en
Essbío de Concepción a 138 %, en Esval de Valparaíso a 194 % y en Essal de
Puerto Montt a 200 %.
Por cierto, las utilidades en el sector han sido
sabrosas. En 2011 el sector recaudó $ 225.967 millones. En el caso de Aguas
Andinas obtuvo $ 111.479 millones, lo que implicó que en una década sus
utilidades aumentaron en 134 %, ya que en 2001 sus utilidades ascendían a $
47.637 millones. Utilidades que son recibidas por compañías que cuentan con una
serie de beneficios por parte del Estado, que les garantiza una rentabilidad
del 9 % y que además otorga importantes subsidios directos a usuarios de bajos
ingresos, beneficiando las utilidades de la empresa. En 2011 dichos subsidios
se tradujeron en un 6 % de las ventas del sector.
Además, son los usuarios los que en la práctica y a
través de las tarifas, financian las inversiones y reposiciones del sector en
un 100 %. En opinión de Ricardo Hormazábal esto “es tener un mercado cautivo y
asegurado en su pago: negocio redondo. Por eso no han hecho las inversiones
indispensables como hemos visto, ya que los aluviones no nos habrían afectado
si hubieran invertido en reservas para dos o tres días. Ha sido el ideal de las
privatizaciones”.
En este punto tampoco erraron las advertencias de
los trabajadores. Según explica Hugo Maturana, “planteábamos que se iban a
generar grandes utilidades por ser un monopolio. Acá el negocio tiene mayor
rentabilidad que en Europa, donde llega al 4,5 % y acá de 7 % para arriba. En
el caso de Aguas Andinas sobrepasa el 20 % de rentabilidad. Y a costo de la
ciudadanía”.
Según cifras de la SISS en 2011 “la rentabilidad
operacional del sector va desde 8,2 % a 8,6 % en promedio, con un máximo de
20,3 % en el caso de Aguas Magallanes”. En cuanto a la rentabilidad sobre
patrimonio “alcanza 11,8 % en promedio, encontrándose entre las más altas la
rentabilidad de Aguas Andinas (en torno al 18 %) y el de las empresas que
operan en las zonas extremas del país, que varían en torno al 30%”. Hoy quienes
se reparten más del 50 % de la suculenta torta de las sanitarias son dos
empresas extranjeras: el fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario (OTPPB
por sus siglas en inglés), de Canadá, que posee 31,1 % de la propiedad del
sector y el grupo francoespañol Agbar Suez, que tiene 22,4 %.
Entre
ambas prestan servicio a casi 74 % de los clientes a nivel nacional. Le sigue
Corfo con 15,4 % de la propiedad del sector y el grupo Luksic con 8 %. Otro de
los temores de los sindicatos ante la privatización, eran las consecuencias
para los trabajadores. Según Maturana, “esperábamos una merma de al menos 50 %.
Fue peor. En el caso de Essval hoy el 75 % de las funciones propias de las
empresas sanitarias, como reparación y manutención, son hechas por contratistas
sin beneficios y cuyas remuneraciones son bajas”. Maturana recuerda que “cuando
vimos que no teníamos apoyo de ningún político, ni de la ciudadanía, planteamos
como alternativa que las plantas de tratamiento, que era un tema urgente se
entregaran a los privados y no obtuvimos fuerza para impulsarla con ningún
parlamentario. Ninguno”.
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