Chile - ENGAÑOSO OFERTÓN CON LETRA CHICA DESDE LA MONEDA PARA QUE PESCADORES ACEPTEN LEY LONGUEIRA

 

En tanto, Cosme Caracciolo, miembro del CNDPP, afirmó que “no podemos repetir el malicioso y traicionero acuerdo firmado por la presidenta de Conapach, Zoila Bustamante, que en septiembre del año pasado aceptó la pesca de arrastre y la privatización de las pesquerías nacionales. Nosotros siempre consultamos a las bases y este tipo de acuerdo no es lo que queremos, porque es más de lo mismo, a favor de los grandes industriales”.

CANTOS DE SIRENA Y LETRA CHICA AL ESTILO PIÑERA

Lo desprolijo, contradictorio y engañoso de la redacción del documento queda de manifiesto en la mayoría de los puntos que se plantean a los pescadores y Pueblos Originarios. A pesar que en el texto se señala que “los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a la jurisdicción del Estado de Chile pertenecen a todos los chilenos”, tras la reunión en La Moneda, el senador Antonio Horvath aclaró a Ecoceanos News que no será repuesto como indicación el artículo Nº 1 del proyecto de Ley de Pesca, el cual ratifica que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos”.

Horvath explicó que “hay un compromiso del presidente Piñera y del ministro Longueira, pero no de reponer esa indicación”. La indicación sobre el estatus jurídico de los peces fue eliminada en la Cámara de Diputados, bajo la activa presión de Longueira, quien previamente hizo público su rechazo y aseguró que no permitiría su aprobación.

Otro de los puntos de este sui generis protocolo de acuerdo señala que “nadie podrá tener derechos indefinidos ni propiedad de los recursos y sus ecosistemas”. Sin embargo, a continuación agrega que “las licencias de pesca transferibles tendrán un período de 10 años, pudiendo renovarse por el mismo período, en caso que no se falte a la Ley de Pesca y a la sustentabilidad de los recursos y sus ecosistemas”. El texto no precisa cuantas veces será posible renovar de manera sucesiva y automática las licencias de pesca, con lo cual se mantendría el carácter de propiedad individual y la plena transferibilidad de las cuotas de pesca.

El documento prosigue con sonoros anuncios, los que luego se detallan no serán incorporados en la nueva Ley de Pesca. Un ejemplo de esto es la afirmación que “el sistema de toma de decisiones de administración pesquera estará sujeto de manera estricta a criterios científicos. Para ello se asegura la existencia de una institucionalidad científica autónoma, libre de conflictos de interés y con recursos para asegurar una investigación suficiente e independiente”. Impecable!!!.

No obstante, más adelante señala que “el Gobierno se compromete a presentar al Parlamento en los próximos doce meses, el resultado de un estudio que determine los cambios que se deban realizar para fortalecer y reestructurar la institucionalidad relacionada con la investigación científica pesquera (IFOP) y la fiscalización de la normativa (SERNAPESCA)”. SE trata de promesas de un debilitado y poco creíble gobierno, pero que se implementarían luego de aprobada la privatización de las pesquerías.

También este documento señala que “el Gobierno se compromete a ingresar en los próximos seis meses un proyecto de ley que de origen al Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, como un servicio público descentralizado cuya misión sea promover la productividad, capacitación tecnológica, conciencia ambiental y diversificación en el sector pesquero artesanal”.

NO SE PROHIBIRÁ LA DESTRUCTIVA PESCA DE ARRASTRE
Las ofertas post-aprobación de la nueva Ley de Pesca suman y siguen. La demanda histórica de los pescadores artesanales y ciudadanos chilenos de prohibición de la destructiva pesca de arrastre, también fue excluida del protocolo, y por ende de toda posibilidad de ser incorporada en la nueva Ley de Pesca. “El Gobierno se compromete a presentar al Parlamento, en los próximos seis meses un estudio, que determine los impactos tanto para el sector artesanal e industrial, del término al arte de la pesca de arrastre, de manera gradual”, sostiene el documento.

PIÑERA-LONGUEIRA Y CONAPACH
El punto referido a la eliminación del cuestionado traspaso de porcentajes de cuotas de pesca (fraccionamiento) por un valor de 34 millones de dólares entre industriales y los dirigentes/armadores de la Conapach y Confepach, fue rechazado de pleno por el presidente Sebastián Piñera y el ministro Longueira.

Frente a esto, el senador Horvath afirmó que el gobierno respeta el acuerdo de la denominada mesa pesquera del 26 de septiembre de 2011. “El fraccionamiento es un tema más que delicado. Me encontré con una posición diría muy cerrada. No quieren vulnerar el acuerdo (con Conapach), que dicen les costo mucho. Pero si están abiertos para acordar un fraccionamiento de las especies (pesqueras) que no fueron consideradas”.

Horvath agregó que “a través del mecanismo de licitación vamos a ver la fórmula para la entrada de nuevos actores, la que también esté abierta a la participación de los pescadores artesanales”. Con ello se abre la hipotética fórmula para los pescadores artesanales, pueblos originarios y pymes de comprarles cuotas a los grandes conglomerados industriales que serán beneficiados de manera monopólica y gratuita con la propiedad de los peces del mar chileno, como la "fórmula" de acceso y uso a los recursos hidrobiológicos. Esto no tiene relación alguna con la demanda de licitación anual de porcentajes de las cuotas industriales.

Siguiendo la lógica de letra chica y redacción engañosa de cada uno de los anuncios, el protocolo plantea que “se proveerá un incremento de su participación en la cuota global, dentro de los próximos 5 años para algunas especies”, entre ellas, las anchovetas y sardinas, jurel, merluza común y merluza austral. Lo curioso es que varias de estas pesquerías se encuentran sobreexplotadas o en colapso, por lo cual dicha promesa parece una ironía. A su vez el texto precisa que “para que el diseño de este nuevo fraccionamiento no afecte el actual empleo del sector industrial, su implementación deberá ser gradual y progresiva, comenzando en aquellas pesquerías que estén en mejor estado de conservación”.

NO SE CUMPLE LEY NACIONAL NI MENOS CONVENIOS INTERNACIONALES
El protocolo de acuerdo Piñera-Longueira-Horvath señala que “el Gobierno y el Senado se comprometen a respaldar un artículo en esta ley que asegure que las propuestas que resulten de la consulta a los Pueblos Originarios sean incorporadas y discutidas en el Congreso en la Ley de Pesca, y en la Ley 20.249 del Borde Costero (Ley Lafkenche). También se consideró incorporarlos a la actividad y conservación, mediantes procesos de zonificación y la declaración de Reservas Marinas, Áreas Marinas del Borde Costero de Uso Múltiple, cuyo estatuto legal se establecerá en la presente ley”.

El senador Horvath dijo a Ecocéanos News que “como el proceso de consulta no se ha realizado, una buena salida es incorporar a los Pueblos Originarios a otras leyes”. Consultado sobre quienes estarían respaldando estos peculiares y no válidos mecanismos que vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Horvath señaló que “son varias las organizaciones que se han acercado a hablar con nosotros, como los Pueblos Indígenas Autoconvocados y de las Autoridades Ancestrales, algunos Lafkenches, no podemos hablar del pueblo, Rapa Nui y Kaweskar (...) Ellos nos han señalado que no es una consulta. Pero eso no significa que no podamos hacer una experiencia piloto de participación e incorporemos a las leyes que correspondan, lo que los Pueblos Originarios nos están planteando”.

EL ANZUELO DE LAS LICITACIONES
El ofertón de promesas plantea incorporar “un mecanismo de licitación obligatorio, de implementación gradual y progresiva, con el objeto de resguardar el empleo actual del sector industrial. La licitación debe alcanzar al menos un 20% de la cuota industrial, en un período máximo de 10 años, con cuotas anuales de a lo menos un 5%, o un volumen que garantice la factibilidad técnica y económica de nuevos entrantes, comenzando el año 2014” en algunas pesquerías, como la anchoveta, sardina, jurel, merluza común, merluza de tres aletas, en sólo algunas regiones, excluyendo al Bío-Bio y de Los Lagos, entre otras.

Además, el texto señala que se "garantizará una “cuota especial de innovación y desarrollo”, de venta en subasta pública desarrollada por la autoridad, para pymes procesadoras de alimento para consumo humano, del 5% del total de la cuota industrial y artesanal”.

El senador Antonio Horvath explicó que “estamos planteando que las pymes tengan garantizado por ley la posibilidad de comprar cuotas a los industriales y a los pescadores. Es decir, si un industrial tiene cuotas de pesca no necesariamente tiene que procesar los recursos en su planta. Las Pymes tienen derecho a existir, y eso lo queremos garantizar por Ley”.

A MOVILIZARSE Y NO DEJARSE ENGAÑAR
Frente al intento de imposición de este acuerdo, Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y coordinador de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y Contra la Privatización del Patrimonio Pesquero señaló que "este ofertón de promesas de última hora carece de toda validez legal. Es un distractor que busca neutralizar la creciente oposición de los pueblos originarios, ciudadanos organizados y de sectores de la pesca artesanal al proyecto de ‘Ley Longueira’ en el Senado. Intenta mantener en movimiento la tramitación flash que ha impuesto el ministro Pablo Longueira, de manera de lograr tener aprobada esta Ley a principios de noviembre, sin tener que ceder su aspecto clave: la eliminación del Estado en los procesos de acceso y uso de las pesquerías nacionales y la transferencia a perpetuidad de la renta y el patrimonio pesquero de la nación al ‘cartel’ de los 7 clanes pesqueros y 3 transnacionales".

Cárdenas agregó que "este ‘canto de sirena es el último clavo del ataúd’ donde se intenta enterrar los intereses y derechos de los ciudadanos, comunidades costeras, pesca artesanal y los pueblos mapuche, lafkenche, huilliche, kawesqar y RapaNui".

El Director del Centro Ecoceanos señaló que este "protocolo de acuerdo" y ofertón de La Moneda previa a la votación en el Senado, es “el equivalente del acuerdo de fraccionamiento de cuotas de pesca de la denominada ‘mesa de pesca’, que compró conciencias, dividió a la pesca artesanal y facilitó la aprobación de la ‘Ley Longueira’ en la Cámara de Diputados".

“Por ello nuestro llamado como Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar es a no dejarse engañar por promesas que serán eliminadas en la votación del pleno del Senado, y a movilizarse ahora en coordinación con la ciudadanía organizada para exigir la detención del trámite Parlamentario de la Ley “Longueira” y la extensión temporal de la actual Ley de Pesca hasta que sea cumplido el proceso de consulta a los Pueblos Originarios y se implemente una real discusión de la Comisión de Pesca del Senado con la sociedad civil y comunidades costeras y regionales”.*****