Chile - LEY DE PESCA NO ES UN PROBLEMA ENTRE PESCADORES ARTESANALES E INDUSTRIALES

 

Esta fue una de las principales conclusiones del seminario Proyecto de Reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura” que organizó el El Grupo de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, donde expusieron Andrés Romero, Abogado y socio de Sustentank Consultores; Juan Carlos Cárdenas, Médico Veterinario y Director Ejecutivo Centro Ecoceanos; y la abogada y experta en temas pesqueros María Cecilia Villablanca Silva, Ex Jefa División Jurídica Subpesca 1990-1994 y Asesora Presidencial ante el Tribunal Constitucional durante la tramitación del Proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura, entre otros cargos.

Luego del seminario, Stephanie Donoso, abogada perteneciente al Grupo de Derecho Ambiental, y ex alumna de la Escuela de Derecho de la U. de Valparaiso, y quien fue una de las organizadoras de este encuentro afirmó que “es necesario que los estudiantes comiencen a integrarse de manera activa en las discusiones y temáticas directamente relacionadas con la visión de desarrollo estratégico que queremos como país, y como jóvenes, y en las consecuencias de éstas".

“Creo que es necesario además que las universidades y todos los centros de estudios integren estos temas a sus mallas curriculares porque no puede seguir oculto en discusiones entre pescadores artesanales, empresarios industriales y parlamentarios. La Universidad debe tener un rol fundamental en las decisiones y orientaciones acerca de cómo usar de mejor manera, equitativa y sustentable los recursos naturales y en este caso los recursos marinos.”

EL SAQUEO DEL MAR
Por su parte Andrés Romero, de sustentank consultores denunció que la concentración e integración vertical de la industria pesquera ha generado que “sólo cuatro empresas controlen el 92% de los principales recursos pesqueros” y que estas compañías “accedieron a esta cuota mediante un reconocimiento transitorio que hiciera la ley 19.713” y entonces recalcó Romero “NO hay derechos de propiedad” sobre las pesquerías.

El especialista señaló también que “la industria pesquera no ha pagado un peso por esta asignación” y que si este patrimonio pesquero se subastaba a través de “cuotas pesqueras en Chile, se podrían recaudar sobre los 2.000 millones de dólares en 20 años”.

El abogado de Sustentank además denunció que “desde el año 2001 a la fecha, 67% de las PYMES pesqueras de la región del Bío Bío han desaparecido”.

Respecto a la intención del Ministro de Economía, Pablo Longueira, de hacer aprobar el proyecto de Ley, Romero aclaró que “se entregan las cuotas indefinidamente a “los mismos de siempre (...). Es decir “se regalan las cuotas. Los industriales no deben pagar por ellas, ni compiten y se diseñaron licitaciones de papel”.

El abogado afirmó también que “según valores de la Subsecretaría de Pesca, desde el año 2001, 4 empresas en Chile han recibido gratuitamente activos pesqueros por más de $8.000 millones de dólares”.

GRANDES ALIANZAS PARA DETENER LEY LONGUEIRA Por su parte Juan Carlos Cardenas, director del Centro Ecoceanos y miembro de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y Contra la Privatización del Patrimonio Pesquero dijo que "Chile requiere de manera urgente una profunda transformación de la actual política e institucionalidad pesquera, para construir una nueva gobernabilidad para nuestro mar, sus recursos y áreas costeras. Ello sólo podrá ocurrir sobre la base de una amplia y propositiva coalición que movilice a los ciudadanos y ciudadanas, en alianza con las organizaciones de pescadores artesanales, comunidades costeras, pueblos costeros originarios, pequeños y medianos empresarios, científicos, académicos, consumidores y el mundo de la cultura".

En lo inmediato, señaló Cárdenas, "el tema del proyecto de nueva ley de pesca debe convertirse en un tema de discusión pública sobre la defensa de la vida en nuestro mar, derechos de la presente generación de ciudadanos, pescadores, pueblos originarios y de las futuras generaciones, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la cadena trófica marina, así como de la equidad y acceso a los recursos marinos versus el proceso de concentración económica y cartelización de la pesca en Chile".

Cárdenas les indicó a los estudiantes de derecho que "esta lucha debe darse en los tribunales, denunciando la inconstitucionalidad y los vicios en la tramitación, así formales del proyecto, el senado y la presión social”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el seminario también participo la abogada especialista en temas pesqueros, María Cecilia Villablanca, quien dijo que en 1991 se recurrió al Tribunal Constitucional por este tema. Es necesario recordarle a Longueira que Jaime Guzmán firmó el acuerdo político marco, junto a Patricio Melero y Sebastián Piñera, entre otros, para implementar las licitaciones en el sector.

Las autorizaciones de pesca son derechos precarios -dijo la abogada-, y afirmó que en 1990 se pensó licitar un 50 por ciento de los intereses del capital pesquero, entonces por una parte los que ya tenían derechos de pesca dijeron que tenían un derecho preferente porque llegaron primero. Y ese argumento lo han seguido usando.

En ese momento no hubo fallo en el Tribunal Constitucional porque se zanjó con un acuerdo político y argumentos con vicios de fondo y de forma y lamentablemente el TC no se pronunció por el tema de fondo.

“Si el TC se pronunciaba y decía los recursos son de todos los chilenos y por lo tanto debe licitarse, los industriales perdían todo. Entonces frente a la contingencia de perderlo todo, los políticos realizaron un acuerdo en que se dijo que el 50 por ciento queda para los que llegaron primero a la actividad y el otro 50 se puede licitar”.

La especialista agregó que “nunca se licitó, y se comenzaron a infiltrar los Consejos Zonales y Nacional y luego se fue corrompiendo el sistema y el tema pesquero se fue gobernando por resquicios para que no entren nuevos actores. Nunca se dictó el reglamento para llevar a cabo esa subasta”.

María Cecilia Villablanca acusó que “ha sido única y absolutamente la corrupción de los funcionarios públicos los que han estado a cargo de las pesquerías de Chile lo que ha llevado a este estado de cosas”.

“Aquí no hay izquierdas ni derechas, aquí todos han recibido platas para financiamiento de campaña de parte de los grandes industriales pesqueros, esa es realmente la tragedia que tenemos” en el sector pesquero, sentenció la especialista.