La tierra, el agua y la resistencia
Lo que está sucediendo en América Latina en
relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que
una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los
enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración
general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se
repiten en casi todos los países.
La Gran
marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la
respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción
en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de
11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este
viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y
declarar el agua como derecho humano.
Conga es un
proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del
Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas,
dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en
Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que
el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la
confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción
de carácter nacional.
En el norte
de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron
masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja,
Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera.
En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital
provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el
gobierno nacional.
En Catamarca
el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa
a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y
provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la
Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de
camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén
y Santa María.
Uno de los
conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se
está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño,
conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de
hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente,
sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante
fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la
hectárea en la zona fronteriza.
Ahora son
grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar
siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil
hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas
cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday,
Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se
enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también
involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
Si la
producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos,
es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que
viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007
el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no
pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de
afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más
estricta.
En 2011 se
conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras
Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales
y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre
pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían
favorecer a 400 mil campesinos.
La cuestión
de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga
historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los
campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con
la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se
avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos
agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están
ocupando tierras de brasiguayos.
La liga
nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por
la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus
acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de
Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que
objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.
En el
complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La
lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada
de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos
tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de
Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los
movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones
en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy
preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.
La lucha por
los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es
posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las
multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el
norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares
remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron
de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún
momento rinde frutos.
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